En conferencia de prensa y acompañado por el Comité Cívico pro Santa Cruz, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dio a conocer que el informe de su Unidad de Transparencia sobre el caso Mutualista revela distintas irregularidades, errores y la comisión de posibles delitos, como de prevaricato.
Saucedo detalló que el informe de la comisión identifica: la existencia de documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del presunto propietario, posibles fallas y delitos en actuaciones judiciales (incluido un amparo tramitado fuera de jurisdicción) y la presencia de indicios de prevaricato en una sentencia constitucional, caso que, señaló, será presentado ante el Ministerio Público.
En ese sentido, en primer lugar, Saucedo afirmó que la primera irregularidad que se identificó es que en la declaratoria de herederos a favor de Miguel Crapuzzi no se menciona ningún predio y “peor” el del Mutualista.
“La declaratoria de herederos, se hace declarar heredero el señor Crapuzzi y ¿qué es lo importante? se debe entender dos cosas, cuando existe una declaratoria se declara heredero y luego de qué”, añadió a tiempo de insistir que en ningún momento se reclama el predio del Mutualista como herencia.
Ante ello, remarcó que la copia legalizada de este documento pasará a Sucre, capital del país, para reguardo.
Por otro lado, Saucedo también señaló que en la documentación habría errores en la escritura del apellido de Crapuzzi.
Explicó que el SEGIP certificó que el nombre correcto es Nelson Miguel Crapuzzi Dirienzo, mientras que en otros documentos figura de diferente manera. Saucedo advirtió que estas diferencias no se debieron pasar por alto ya que impiden validar procesos de herencia si no se corrigen previamente.
«Si bien es un tema de corrección, nadie puede ser heredero si hay una observación en el apellido (…) ¿Cómo es que se saltaron estos pasos y no se corrigió cuando cualquier ciudadano tiene que corregir? Peor si se va a declarar heredero de alguien y de algo», cuestionó.
Denunció que la tercera irregularidad es que una jueza de Pailón admitió un amparo sobre este caso pese a no estar en su jurisdicción. Señaló que incluso dictó medidas cautelares, sobre el predio antes de declararse incompetente de seguir el caso.
Por otro lado, el Presidente del TSJ cuestionó la sentencia constitucional que derivó de este proceso. La principal observación es que existen indicios de prevaricato, pese a tratarse de un fallo del Tribunal Constitucional. Adelantó que el caso será remitido al Ministerio Público.
«No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricado. Dentro de este informe también se ha hecho un análisis, el hecho de que sea una sentencia constitucional dictada por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no exime de que esa sea una sentencia prevaricadora. Será el Ministerio Público también quien reciba la denuncia correspondiente contra estos señores a efectos de que inicie la investigación correspondiente», señaló
Finalmente, Saucedo apuntó al entonces concejal José Quiroz (MAS), como la persona que entregó los planos. Aseguró que Quiroz era el único que tuvo acceso al sistema digital para acceder a dichos documentos.
El Presidente del TSJ, en ese sentido, anunció que el informe será remitido al Ministerio Público y agradeció el trabajo de la Comisión.
La polémica
Al filo de concluir su gestión, el alcalde saliente de Santa Cruz, Jhonny Fernández, es acusado de haber instruido la entrega del plano de uso de suelo y certificado catastral del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, en cumplimiento a una sentencia constitucional, lo que ha generado el rechazo de autoridades y comerciantes que se han declarado en vigilia en puertas de la Quinta Municipal.
Y es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, la cual ordena a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra entregar la documentación técnica (planos de uso de suelo y certificado catastral) a la familia Crapuzzi, quienes reclaman ser los propietarios legítimos del predio valuado en 200 millones de dólares.
La Alcaldía cruceña está obligada a cumplir la sentencia, pero eso ha generado el rechazo no solo de los cívicos y del alcalde electo Mamen Saavedra, sino del propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romero Saucedo.
// Oxígeno con información de El Deber y Unitel