El sector de la Cámara del Transporte negó que exista una responsabilidad empresarial en la adulteración del combustible importado en el país, como denunció el Gobierno, aunque reconoció que sí hay “malos choferes” que podrían haber incurrido en esa práctica.
Ayer, en conferencia de prensa, el Gobierno denunció que el combustible importado por el país era desviado a garajes privados donde eran vaciados en ciertas cantidades – para su recomercialización- y las cisternas eran rellenadas con agua sucia y hasta aceite. Señaló que esa práctica se haría en Chile y otros países como Paraguay y Argentina.
En ese sentido, el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Héctor Mercado, pidió no implicar al empresariado en las responsabilidades por la adulteración del combustible y, en consecuencia, cuestionó las declaraciones del jefe de Estado, Rodrigo Paz.
“Creo que las declaraciones del presidente Rodrigo Paz Pereira no están viendo correctamente. Y pedimos que tenga que retractarse de esta situación y buscar a los verdaderos culpables y no decir el transporte pesado”, señaló en contacto con Erbol.
No obstante, reconoció que puede haber complicidad de los choferes contratados, pero enfatizó que los empresarios no se pueden cerciorar de cómo se usan los vehículos y terminan siendo los más perjudicados.
“Puede ser cómplice el chofer, sí, pero totalmente sin el conocimiento el dueño de la unidad”, recalcó.
En ese mismo sentido, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz acusó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de omitir acciones contra los conductores de cisternas denunciados por “conductas indebidas” y exigió que no se estigmatice a todo el sector.
“Como empresas legalmente constituidas, dedicadas al transporte de combustible, aclaramos que nuestras operaciones se desarrollan en cumplimiento de la normativa vigente, garantizando estándares de seguridad y responsabilidad”, refiere un comunicado oficial de la institución.
Empero, los empresarios del transporte paceño admitieron la existencia de “malos conductores”, ya identificados y denunciados previamente.
“Durante años, las empresas de transporte han puesto en conocimiento de las autoridades competentes —incluido el Ministerio de Trabajo— denuncias sobre conductas indebidas de ciertos conductores. Estos son desvinculados de nuestras empresas, pero terminan siendo contratados por otras compañías donde continúan cometiendo los mismos ilícitos. Esto ocurre porque YPFB no toma acciones definitivas contra estos individuos”, establece el texto.
Finalmente, la Cámara Departamental exigió al Gobierno “no estigmatizar a todo un sector que cumple una función estratégica para el desarrollo económico y el abastecimiento del país”, subrayando que la mayoría de los transportistas opera bajo la ley.