La empresa Petrobras presentó una acusación formal en contra de 12 de los defensores de la reserva de Tariquía y exige su encarcelamiento, además de una millonaria compensación millonaria.
Información de El País de Tarija da cuenta que el juicio será en mayo, “en un proceso que ha generado polémica no solo por su origen, sino por la millonaria compensación económica que exige la empresa Petrobras” a las personas que, en su momento, bloquearon el ingreso de las petroleras al proyecto Domo Oso X-3 que, denuncian, compromete la integridad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Lo que ha encendido la alerta es el pedido de resarcimiento que rondaría los 2 millones, sin que hasta el momento se haya precisado si el monto está expresado en bolivianos o dólares.
El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, informó que la institución ha decidido asumir la defensa de los comunarios como parte de su responsabilidad social, tanto en este proceso penal como en otro caso que fue rechazado en enero durante la etapa preliminar.
Valverde fue enfático al señalar que se asumirá una “defensa frontal” para demostrar la inocencia de los acusados y denunciar lo que considera una criminalización de la protesta ambiental.
“Este proceso ni siquiera debería haber llegado a esta instancia”, sostuvo, al argumentar que las acciones de los comunarios se enmarcan en el derecho a la protesta, respaldado por convenios internacionales suscritos por el Estado boliviano.
Uno de los principales argumentos de la defensa gira en torno a la supuesta vulneración del derecho a la consulta previa. Según Valverde, los comunarios se movilizaron precisamente para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental y evitar posibles impactos en sus territorios, especialmente en sus fuentes de agua.
“Ellos tienen todo el derecho de haber realizado esta protesta”, afirmó, insistiendo en que las acciones fueron una respuesta legítima frente a la falta de garantías ambientales.
Además del pedido de dos años de cárcel para los procesados, Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habrían solicitado una compensación económica por los perjuicios ocasionados por los bloqueos.
No obstante, desde la defensa se cuestiona la legalidad y la intencionalidad de este requerimiento. Valverde considera que no corresponde hablar de daños resarcibles en este contexto y sugiere que la demanda económica podría tener un efecto intimidatorio.
El caso podría trascender las fronteras nacionales. El Colegio de Abogados, junto a un equipo de juristas, evalúa la posibilidad de acudir a instancias internacionales para denunciar al Estado boliviano por la supuesta criminalización de los defensores de Tariquía.
// Con información de El País