Pumakatari: Tras conocerse informe pericial, Revilla niega sobreprecio y dice que monto subió por “otros pagos”

Después de que el fin se difundiera un informe pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que establece que en la primera compra de 60 buses PumaKatari se produjo un daño económico al Estado por más de 47 millones de bolivianos, el exalcalde de La Paz y actual candidato a la gobernación por ese departamento, Luis Revilla, salió al frente para negar el presunto sobreprecio y señaló que los montos del proceso subieron por “otros pagos”.

En conferencia de prensa, Revilla aseguró que existe un memorial de Fabros Motos, empresa que se adjudicó la compra de los buses Pumkatari, en la que se explica “por qué no existe sobreprecio en los PumaKatari”.

En ese sentido, Revilla cuestionó que esta documentación no se haya presentado antes y afirmó que los costos por la compra de los buses municipales se incrementaron por “otros pagos”.

Revilla explicó que, según la denuncia, el costo base de cada bus era de 60.000 dólares, mientras que el pago realizado por la alcaldía alcanzó a 153.000 dólares. Ello sucedió, según él, debido a distintos gastos adicionales contemplados en el proceso de importación y operación.

Afirmó que al costo inicial se sumaron impuestos y otros cargos como costos aduaneros –fletes, seguros y gravámenes– que elevaron el precio en 17 %; a ello se suma los gastos financieros vinculados a boletas, cartas de crédito, anticipos y diferencias cambiarias, que representaron un incremento adicional del 8 % sobre el costo del bus fabricado en China.

El exalcalde paceño indicó que otro factor son los costos de operación, ya que la empresa debía instalar un taller de mantenimiento como parte de la garantía del contrato, lo que añadió un 6 % al precio final. Finalmente, se debe contemplar la utilidad de la empresa que suma otro 12 %.

“A los $us 60.000 se tiene que sumar los costos de impuestos (…), los costos aduaneros, financieros, operativos y, finalmente, la ganancia de la empresa. Todo eso termina configurando el costo final y real de los buses”, aseguró el exalcalde, según reporte de Brújula Digital.

Finalmente, señaló que el informe del perito del IDIF fue observada por irregularidades en su elaboración.

El informe pericial del IDIF fue presentado por el dirigente vecinal Jesús Vera, principal denunciante del caso que se sigue contra Revilla por el caso del Pumakatari.

Vera señaló que, con base en esta pericia, solicitará la detención preventiva de Revilla en la audiencia de medidas cautelares programada para el 4 de marzo a las 10:00 ante el Juzgado 13 de Anticorrupción de La Paz.

Indicó además que el fiscal asignado ya cuenta con el informe suscrito por Silvestre Flores Castro, auditor forense del IDIF, remitido mediante carta oficial CITE: AUD.FOR.IDIF-N°220/2024, de fecha 14 de octubre de 2024 y una copia del dictamen fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional.

Según explicó, el dictamen desglosa el presunto daño económico en Bs 404.918,03 por multas y penalidades derivadas del incumplimiento de contrato por parte de la empresa proveedora;

Bs 4.550.000,00 por la no ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato; Bs 6.960.000,00 por la no ejecución de la boleta de correcta inversión; y Bs 35.942.527,97 por un pago sobredimensionado (sobreprecio) en la compra de cada vehículo.

La suma de estos montos alcanza los 47,8 millones de bolivianos y corresponde a la primera adquisición realizada en 2012, cuando Revilla pagó 70 mil dólares aproximadamente de sobreprecio por cada bus. Esa compra es investigada a solicitud de la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que se adhirieron en calidad de víctimas a la denuncia impulsada por el dirigente vecinal.

Vera sostuvo que la auditoría forense fue solicitada por el Ministerio Público con el objetivo de determinar si existió daño económico, si el proceso de contratación fue correctamente conducido y si hubo sobreprecio.

Afirmó que el informe, respaldado por cerca de 400 páginas de documentación, concluye que sí hubo daño económico, que el proceso de contratación fue irregular y que la compra no contó con el respaldo de un Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA).

Por este caso, Revilla estuvo en la clandestinidad por varios años, hasta que decidió volver a Bolivia a finales del 2025, asegurando que asumirá su debida defensa.

// Oxígeno con información de Brújula Digital y Erbol

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