María Renée Castro Cusicanqui, exministra de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, entre el 2 de junio de 2023 y el 7 de noviembre de 2025, prestó su declaración informativa ante la Fiscalía Departamental de La Paz, en el marco de las investigaciones por el caso del Instituto Gastroenterológico del Bicentenario — Hospital de Cuarto Nivel, obra que acumula irregularidades técnicas y contractuales desde 2018.
Acompañada de sus abogadas defensoras, Mónica Clemencia Ramírez Marquez y Rashel Borda Ramírez, Castro Cusicanqui rechazó las imputaciones y sostuvo que durante su gestión actuó dentro del marco estrictamente legal de sus atribuciones como máxima autoridad del Ministerio de Salud.
«El Ministerio de Salud no tiene obligaciones contractuales»
El punto central de la defensa de la exministra radica en la separación legal entre el Ministerio de Salud y la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico), entidad descentralizada responsable directa del contrato. En su declaración, Castro fue enfática: «El Ministerio de Salud no tiene obligaciones contractuales y tampoco tiene obligaciones específicas», aduciendo que el Decreto Supremo 4857 del 6 de enero de 2023 — vigente cuando asumió el cargo — establece en su artículo 84 las atribuciones de la Ministra sin que ninguna de ellas obligue a ejecutar o supervisar proyectos de inversión de entidades descentralizadas bajo tuición.
Asimismo, destacó la importancia del D.S. 3293 de 2017, que creó la AISEM como institución pública descentralizada con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y con patrimonio propio. «Es la AISEM la que está a cargo de todo el proyecto», subrayó la declarante ante el fiscal de materia, Dr. Fernando Espinoza Medrano.
Reuniones ignoradas y diez notas sin respuesta
La exministra detalló que, ante el deslizamiento de talud ocurrido el 22 de noviembre de 2024 en la zona de Miraflores Bajo —que afectó los predios colindantes al hospital en construcción—, su cartera actuó de inmediato. Según su relato, al día siguiente del siniestro remitió la primera nota a la AISEM solicitando informes sobre la situación del hospital y las acciones de contingencia. En total, aseguró haber enviado diez notas a las instituciones correspondientes, sin recibir respuesta oportuna de las anteriores autoridades del Ministerio y del Instituto Gastroenterológico del Bicentenario (IGB).
«En estas diez notas que han sido remitidas a las instituciones correspondientes, se les ha exhortado que se cumpla con los acuerdos en el marco de sus funciones y la norma vigente, tomen acciones de manera inmediata para buscar soluciones», afirmó Castro. La declarante también convocó reuniones técnicas con el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y COFADENA para evaluar el impacto del deslizamiento.
Un contrato de Bs. 701,7 millones con irregularidades técnicas
El caso se origina en el contrato AISEM/CON/PROY/CD/LLM/TGN N° 001/2018, firmado el 19 de julio de 2018 entre la AISEM y la empresa MAKIBER S.A. SUCURSAL BOLIVIA, por un monto de Bs. 701.730.000, bajo la modalidad llave en mano para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en La Paz. El proyecto registra un avance físico del 93,93% y financiero del 99,57% al momento de la declaración.
Sin embargo, el Informe Técnico del Colegio de Ingenieros Civiles del Departamento de La Paz —elaborado tras una inspección el 14 de enero de 2026— concluyó que los terrenos donde se levantó la obra no son aptos para un hospital de cuarto nivel. El documento señala que los estudios geotécnicos del contratista omitieron factores críticos como la saturación del suelo, las vibraciones por maquinaria pesada y la sobrecarga de las edificaciones colindantes, introduciendo un nivel de incertidumbre que compromete la confiabilidad estructural del hospital a largo plazo.
La creación del IGB: otro frente de la defensa
Uno de los puntos más sensibles de la declaración fue la pregunta sobre la creación del Instituto Gastroenterológico del Bicentenario (IGB) mediante D.S. 5186 del 17 de julio de 2024. La exministra reivindicó haber promovido activamente esa institución como la entidad descentralizada responsable de recibir la infraestructura, el equipamiento y la capacitación, y de administrar el hospital una vez operativo. «Son ellos lo que van a recibir la infraestructura, el equipamiento, y la capacitación para hacer funcionar este hospital», precisó.
Sobre si el hospital ya fue recepcionado de manera definitiva, Castro fue categórica: no. Indicó que mediante el Formulario CUCE 18-0382-00-868725-0-E, emitido el 30 de diciembre de 2025 bajo la actual administración, se estableció una nueva fecha de recepción para el 8 de abril de 2026 con la Orden de Cambio N° 15, «lo que lógicamente me quita la legitimación».
Embarazo por fertilización in vitro: un dato personal al cierre
Al final de su declaración, la exministra adjuntó documentación personal para acreditar arraigo social: el Formulario 250 y un certificado de gestación natural que da cuenta de que se encuentra en proceso de fertilización in vitro desde marzo de 2025, señalando que no puede tener embarazo natural ni con su primera hija. El dato fue presentado en respuesta a la pregunta sobre qué deseaba agregar a la declaración.
La declaración, que se inició a las 09:30 a.m. y concluyó a las 11:43 a.m. del martes 25 de febrero de 2026, fue suscrita voluntariamente por la declarante. La investigación continúa abierta bajo la Comisión de Investigadores y el caso sigue su curso en la Fiscalía Departamental de La Paz.