La construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en la ciudad de La Paz, una obra estratégica adjudicada por más de 739 millones de bolivianos, se encuentra en el centro de un grave conflicto interinstitucional y legal tras los severos deslizamientos de tierra ocurridos a partir de noviembre de 2024, los cuales afectaron gravemente la infraestructura del hospital.
Deslizamiento y fallas técnicas
El 24 de noviembre de 2024, un talud colindante perteneciente a los predios del Estado Mayor del Ejército colapsó, sepultando parcialmente los niveles inferiores del Bloque B del nuevo hospital. Según una inspección del Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz, el desastre fue provocado por la saturación del suelo debido a filtraciones de las redes de alcantarillado del Estado Mayor, sumado a un deficiente estudio de suelos por parte de la empresa contratista, MAKIBER S.A., que utilizó parámetros sobreestimados y carentes de ensayos de laboratorio idóneos.
Denuncia Penal del Ministerio de Salud
Ante esta situación, el Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) ha interpuesto una denuncia penal formal ante el Ministerio Público por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Contratos Lesivos al Estado. La acusación recae sobre la empresa constructora MAKIBER S.A., las empresas supervisoras (PEYCO-CYPLA y Ciudad Maravilla), exdirectores de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), y la exministra de Salud, María Renée Castro.
El MSyD argumenta que el contrato «Llave en mano», firmado en 2018, avanzó sin estudios técnico-científicos adecuados del terreno y que las empresas supervisoras cobraron sumas millonarias realizando únicamente revisiones «de escritorio», omitiendo la verificación física que hubiera prevenido la catástrofe en una zona de alto riesgo.
Defensa de la Exministra de Salud
Por su parte, la exministra María Renée Castro ha presentado descargos ante la fiscalía argumentando su nula participación en los hechos. Castro aclara que el contrato original fue firmado en 2018 (cinco años antes de que ella asumiera el cargo), cuando fungía como directora de INLASA. Asimismo, enfatiza que la AISEM, entidad que contrató a MAKIBER, es una institución pública descentralizada con plena autonomía de gestión técnica, administrativa y legal, por lo que la responsabilidad exclusiva de hacer cumplir el contrato recae sobre dicha agencia y no sobre el Ministerio.
Demanda Civil de la AISEM contra el Ejército y Makiber
En paralelo, la AISEM ha interpuesto una demanda civil (Interdicto de Daño Temido) en contra del Estado Mayor del Ejército, el Ministerio de Defensa y la empresa MAKIBER S.A.. La AISEM exige que el Ejército y el Ministerio de Defensa estabilicen el terreno, reparen sus redes de alcantarillado y demuelan una estructura (Garita) que amenaza con desplomarse sobre el hospital. Al mismo tiempo, exige que MAKIBER retire las toneladas de escombros y repare el 100% de los daños, ya que el proyecto aún no cuenta con recepción definitiva.
La empresa MAKIBER se ha negado a asumir los costos de reparación, argumentando que el deslizamiento fue culpa exclusiva de las tuberías rotas del Ejército y señalando que la aseguradora (BISA Seguros) rechazó la cobertura del siniestro.
Situación actual
A la fecha, el proyecto se encuentra paralizado en su fase de «Puesta en Marcha». Los escombros continúan ejerciendo presión sobre la estructura del hospital, el riesgo de nuevos colapsos por la época de lluvias es inminente y el Estado boliviano enfrenta la posibilidad de un daño económico irreversible en la obra de salud más moderna y costosa del país.
