La Comisión de la Verdad remitió este miércoles a la Contraloría General del Estado la documentación entregada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), relacionada con procesos observados en materia de combustibles. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, destacó que la acción se enmarca en el rol articulador de esta instancia para garantizar que las denuncias sean evaluadas por las autoridades competentes.
“La Comisión de la Verdad (…) no es una instancia que dictamina lo que ha pasado en un proceso, lo que hace es facilitar el proceso de que la información llegue a las instancias correspondientes”, sostuvo Ávila durante la conferencia de prensa.
La documentación —cerca de 300 folios según informó la Procuraduría General del Estado— será analizada por equipos técnicos de la Contraloría, que realizarán la evaluación jurídica y administrativa correspondiente. Los resultados serán dados a conocer públicamente una vez concluido el proceso.
El titular del Senado explicó que el objetivo es transparentar los antecedentes y asegurar que, si existen irregularidades, se activen los mecanismos legales previstos en la normativa vigente.
“Lo que estamos haciendo es entregar hoy toda la documentación a la Contraloría General del Estado (…) para que se haga el seguimiento (…) e identificar si es que efectivamente hay algún proceso que luego termine (…) en alguna acción de tipo judicial”, precisó.
Remarcó que la Comisión actúa como instancia de articulación entre las entidades del Estado, permitiendo que las denuncias reciban un tratamiento coordinado y especializado.
Según la información presentada, los antecedentes se refieren a presuntas irregularidades vinculadas a la importación de petróleo y a procesos relacionados con la certificación de calidad de combustibles. Uno de los casos investiga una presunta importación con sobreprecios, mientras que otro evalúa observaciones en la empresa encargada de certificar combustibles comercializados en el país.
Por su parte, el gerente de Contrataciones de YPFB, Jorge Roca, informó que actualmente existe un contrato vigente con la empresa Trafigura correspondiente a la gestión 2025 y aclaró que no se han suscrito nuevos acuerdos, mientras otro proceso se encuentra en etapa de evaluación.
Ávila precisó que la documentación fue conocida por la Comisión de la Verdad antes de su presentación pública, en el marco del procedimiento interno de verificación y remisión a las instancias competentes. “Hemos recibido una información parecida a la que se presentó (…)en esta conferencia”, explicó.
La Comisión de la Verdad fue creada ante denuncias públicas de presunta corrupción, con el objetivo de coordinar acciones entre la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, delegados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la entidad estatal involucrada.
Según información oficial, su función es recabar antecedentes, exigir informes a las entidades implicadas y canalizar la documentación hacia las instancias competentes —Fiscalía y tribunales— para que, de comprobarse responsabilidades, se determinen daños económicos y se activen las acciones legales correspondientes.
Con la entrega formal de los antecedentes a la Contraloría y la activación del seguimiento técnico, las instituciones involucradas avanzan hacia la clarificación de los hechos observados, en un proceso que —según se anunció— tendrá resultados públicos una vez concluido el análisis especializado.