Javier Zavaleta, exministro de Defensa durante el Gobierno de Evo Morales, fue convocado, mediante cedulón, para el 16 de noviembre a prestar su declaración informativa en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).
De acuerdo con el requerimiento emitido por el fiscal Franklin Alborta, el exfuncionario del gobierno de Evo Morales deberá presentarse a declarar en instalaciones del Ministerio Público, en La Paz, en calidad de investigado.
La denuncia por este caso fue presentada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Entre los procesados también están los exministros Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, del Gobierno de Evo Morales; Fernando López, de la gestión transitoria de Jeanine Añez; y Edmundo Novillo del Gobierno de la administración de Luis Arce, éste último ya cumple detención domiciliaria por el caso.
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La denuncia
Al momento de presentar su denuncia, el pasado 15 de octubre, el ministro Justiniano detalló que en este caso se habría producido un daño económico de 1.748 millones de dólares. La demanda, que también alcanza a exfuncionarios públicos, militares y empresarios, es por los delitos de Contratos Lesivos al Estado; Incumplimiento de contratos; Incumplimiento de Deberes; y Conducta Antieconómica.
El actual Ministro detalló que en el proyecto Sidacta, el 2016, se firmó un contrato por más de 191 millones de Euros para la adquisición de 13 radares civiles y militares, centro de control, comunicaciones, software, capacitación y transferencia tecnológica.
Señaló que el contrato establecía que es un proyecto “llave en mano”, es decir, que el Estado debía recibir “un sistema completo funcional y puesto en operación”, con un plazo de entrega de 31 meses.
Empero, afirmó que los ministros señalados firmaron 7 contratos modificatorios – Ferreira 2, Zavaleta 2, López 1 y Novillo 2-, mismos que modificaron los plazos, las garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.
Así, señaló que el plazo de entrega de amplió de 31 meses a 81 y finalmente fueron entregados en los 98 meses.
Además, aseveró que la auditoría realizada halló observaciones en la contratación, modificaciones contractuales, procesos de recepción y resultados operativos del sistema.
Detalló que de los 13 radares, solo 2 operaban sin observación; 9 operaban con observaciones y 2 no están operando.