La elección subnacional desarrollada en San Ignacio de Velasco está en el ojo de la tormenta y con dudas en su transparencia.
Y es que el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, aprehendido el miércoles por el caso de las narcomaletas, implicó a la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Diego Ávila, con Romer Saucedo, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) investigado por tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
En su declaración ante la Fiscalía, Quezada involucró a Gustavo Ávila con Romer Saucedo para manipular las elecciones municipales en San Ignacio de Velasco.
Según Quezada, Saucedo mantenía coordinación con el presidente del TSE, con la intención de que un familiar suyo sea elegido alcalde.
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“Romer movió cielo, mar y tierra para que su tío sea alcalde de San Ignacio de Velasco. Siendo el tercero, tuvo que bajar a dos competidores. Sé que estuvo en constante coordinación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y que se resolvió una acción de amparo en la Sala Constitucional Primera que anuló la sigla de ASIP para que no participen en las elecciones de San Ignacio, porque estaba primero”, declaró Quezada, según difundió Unitel.
Las elecciones en San Ignacio fueron polémicas debido a la inhabilitación tardía de candidatos por incumplimiento de requisitos.
Velasco revela presiones
Tras las declaraciones de Quezada, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, emitió un largo mensaje en sus cuentas en las redes sociales en las que reveló que en las elecciones subnacionales recibió “amenazas” para que la Alianza Libre no presente candidatos, principalmente, en San Ignacio de Velasco.
“Respecto a las declaraciones sobre la injerencia electoral denunciada por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, quiero decir algo con absoluta claridad: puedo dar fe de que durante las elecciones subnacionales de este año, desde LIBRE sufrimos amenazas, presiones familiares y situaciones que son verdaderos actos de extorsión política, judicial y atentados contra la libertad de elegir y la democracia” (sic), señaló.
Aseguró que las amenazas fueron principalmente para evitar que se inscriba candidatos en San Ignacio de Velasco y aseguró estar dispuesto a entregar las pruebas correspondientes a las autoridades.
Incluso, aseveró tener “información real” respecto a que las amenazas y presiones contra Libre involucraron a “operadores judiciales, empresarios importantes de la Banca, ministros actuales, exautoridades y excandidatos a gobernador”.
“También aparecieron nombres de jueces vinculados a denuncias sobre restricciones de visas estadounidenses. (así de asquerosa es la política)” (sic), señaló.
No obstante, señaló que los candidatos que Libre buscó presentar en esa región fueron inhabilitados.
Además, Velasco también denunció que en las elecciones se buscó inhabilitar a todo candidato de la Alianza Libre y culpó directamente a Fernando Cerimedo, el argentino exasesor del presidente Rodrigo Paz, de liderar esa estrategia, aunque resaltó que el Presidente del TSE no cedió a esas presiones.
“Que se investigue todo. Que se conozcan los nombres. Que se establezcan las responsabilidades. Y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley (…) La justicia no puede ser un instrumento de extorsión política ni un negocio de grupos de poder económico. La justicia debe proteger al ciudadano, garantizar sus libertades y defender sus derechos, no servir a quienes tienen dinero, influencias o contactos” (sic), señaló.
Y agregó: “A quienes utilizaron o permitieron que se utilizara el poder para perseguir, amenazar o manipular decisiones, les digo algo: Tendrán que responder ante la justicia. El poder es temporal. La verdad y las consecuencias de nuestros actos permanecen” (sic).