El fiscal general del Estado interino, Armando Urioste, anunció que se crearán unidades de cibercrimen en el Ministerio Público nacional y departamentales para poder investigar los audios que se filtran y cuyo origen y autenticidad son desconocidos; sin embargo, reconoció que la institución afronta limitaciones para realizar ese trabajo.
Entrevistado por Correo del Sur, Urioste explicó que se busca establecer la trazabilidad de las comunicaciones y las grabaciones, además de determinar qué hechos podrían estar relacionados con su difusión.
Sus declaraciones se dan en un contexto marcado por la filtración de más de una decena de audios atribuidos a Fernando Cerimedo, el argentino exasesor del presidente Rodrigo Paz que hoy cumple detención preventiva.
“Hemos creado una Dirección Nacional de Cibercrimen, porque esto estaría más vinculado a un tema de cibercrimen ¿Por qué? Porque están suscitando audios que están generando una expectativa que debe ser investigada”, señaló.
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Afirmó que en el caso de los audios filtrados “se debe investigar todo” ya que una investigación debe abrirse por algo “objetivo y tangible”, pero basarse solo en materiales difundidos es igual a iniciar un proceso penal “en base a ‘me dijo y no me dijo’”.
“No hay una prueba de tangibilidad de esta situación. No tenemos una normativa que establezca el tema del cibercrimen. Por eso hemos dispuesto la creación de una unidad en el Ministerio Público nacional y departamental para procesar la información y tener los instrumentos necesarios para realizar una investigación seria”, aseveró.
Sobre el caso específico de los audios atribuidos a Cerimedo, afirmó que, por el momento, el Ministerio Público dispuso la conformación de un equipo investigativo “de oficio”, pero “si alguien hace la denuncia el caso se abre automáticamente”.
“¿Son audios verdaderos, no son audios verdaderos? Lamentablemente se maneja la hipótesis de que han sido verificados por expertos. ¿Por qué expertos? ¿Por qué sistema? ¿Han verificado los equipos? ¿de dónde salen?”, cuestionó, al remarcar que la procedencia de los archivos es fundamental para establecer su validez.
Recalcó que “a partir del momento en que salen y aparecen esos audios, no se pueden verificar mientras no se verifica el equipo”. Asimismo, aclaró que la investigación no se limitará a establecer cómo se filtraron las grabaciones, sino que también deberá analizar su contenido. “Se debe investigar todo”, afirmó,
Empero, reconoció que la Fiscalía tiene limitaciones en equipos para realizar una investigación completa, sobre todo si los materiales salen de la nube y no en equipos físicos.
“Si se presentan, si se verifica en los equipos tenemos la tecnología suficiente para determinar si ha salido de los equipos, (pero) para sacar de la nube en Bolivia no existe la tecnología”, dijo.
En ese panorama, señaló que se debe recurrir a operadores internacionales ya que el costo de un software para se trabajo costaría 450 mil dólares y su puesto en marcha tardaría meses.
Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Paz, está detenido en el penal de Chonchocoro de La Paz acusado de enriquecimiento ilícito y tentativo de feminicidio. Además, tiene una imputación por violencia familiar y se indaga su participación en presuntos hechos de tráfico de sustancias controladas en el Beni.
En los últimos meses, se han filtrado más de una decena de presuntos audios de Cerimedo – la mayoría calificadas como verdaderas por verificadores- hablando con diferentes autoridades de Gobierno e incluso la primera dama, María Elena Urquidi.
Sus presuntas conversaciones reflejan la influencia que tenía dentro del Gobierno, además de conflicto de intereses y de poder en sectores como el de hidrocarburos y hasta protección al narcotráfico.