El expesidente Evo Morales se refirió a la vigilia que realizan sus seguidores, desde hace dos años, para evitar su aprehensión y dio a conocer el cambio de percepción que tuvo al respecto.
Y es que cuando inició la vigilia, el 2024, Morales señaló que habló con los ejecutivos para pedir que se levante la medida ya que no quería ver a sus “compañeros” “afuera, sin comida, en frío, en sol” y que, por eso, “era mejor que me detengan”.
Relató que en su momento pensó en el presidente de Brasil, Lula da Silva, y cómo pidió a los trabajadores brasileños que levanten su vigilia cuando se ordenó la aprehensión y “decidió que lo detengan”.
Empero, Morales aseguró que sus seguidores “no han querido” y ahora, dijo, la vigilia se convirtió en una especie de “trabajo comunario”.
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“Ahora es como un trabajo comunario, turnos permanentes, seguro algunos compañeros están cansados, pero veo a la mayoría prevaleciendo”, dijo, en su programa en Radio Kawsachun Coca.
Entretanto, el fiscal general interino, Armando Urioste, afirmó que las órdenes de aprehensión en contra de Morales siguen vigentes y espera que la Policía coordine la fecha y hora para su ejecución.
“Están vigentes. Hemos ratificado los mecanismos, esperemos que la Policía coordine de una manera adecuada el día y la hora correspondiente para realizar lo que corresponde conforme a ley”, afirmó.
Enfatizó que “no se ha cancelado ningún mandamiento de aprehensión contra el ciudadano Evo Morales” y “esperamos que la fuerza pública actúe”.
En la actualidad, son dos las órdenes de aprehensión que existen contra Morales.
El primero fue emitido por un Tribunal de Sentencia de Tarija. En este caso, Morales es acusado por el delito de trata y tráfico de personas por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.
Se ordenó su aprehensión después de que no se presentara al inicio de su juicio oral.
La segunda orden de aprehensión, en cambio, fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, tras denuncia del Comité Cívico pro Santa Cruz, por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Este último caso está relacionado a los bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año.