El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el Gobierno no necesitaba ampliar el Estado de Excepción, pero la decisión correspondió a una “demanda ciudadana”.
“No planteamos que lo necesitábamos nosotros, la ampliación responde a una demanda ciudadana”, afirmó en entrevista con Radio Fides.
Aramayo, en ese sentido, afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que el Estado de Excepción en el país fue una “decisión humanitaria” que se aplicó sin necesidad de la violencia.
“Realmente se necesitaba ampliar para que aquello que se ha logrado, recuperar la vigencia plena del estado de derecho, se consolide (…) El mantenimiento de la paz”, afirmó.
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La autoridad, además, señaló que el Gobierno no necesitar estar en Estado de Excepción para tomar “medidas audaces”, como un hipotético levantamiento de la subvención a la gasolina.
“Hemos tomado medidas audaces sin estar en Estado de Excepción (…) Es para dar seguridad, la OEA ha planteado que el Estado de Excepción ha sido humanitaria, por eso no ha habido costos de vida”, añadió.
El Estado de Excepción en Bolivia se aplicó originalmente el 20 de junio de 2026 mediante el Decreto Supremo 5636, promulgado por el presidente Rodrigo Paz Pereira. La medida de alcance nacional se dictó bajo la causal de conmoción interna, tras registrarse más de 50 días de conflictos sociales y bloqueos de carreteras que asfixiaban el abastecimiento de alimentos, combustibles y el libre tránsito en el país. El objetivo central del decreto fue autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para restablecer el orden, prohibiendo explícitamente los bloqueos de vías sin suspender las actividades laborales, comerciales o las garantías constitucionales fundamentales de la ciudadanía.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó una ampliación de la medida por 90 días adicionales el 17 de septiembre de 2026. Esta prórroga, que extiende la vigencia del régimen excepcional hasta el 20 de diciembre de 2026, fue solicitada por el Órgano Ejecutivo y aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento. Los argumentos centrales para justificar la ampliación incluyeron el riesgo latente de una reactivación de las protestas sociales y la necesidad de hacer frente a incidentes de delincuencia organizada y violencia registrados en las regiones fronterizas.