El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García Delfín, informó sobre dos denuncias por presuntos hechos de corrupción con afectaciones de más de Bs 5 millones en la Aduana Regional de Potosí y en el Servicio Nacional Textil (Senatex), relacionados con cobros por el paso de camiones con mercadería sin documentación y el desvío de recursos públicos a cuentas personales.
“La denuncia nos señala de manera muy escueta que se estarían cobrando por parte de exfuncionarios de la Aduana un monto de entre mil bolivianos y 500 bolivianos: mil si era camión y 500 bolivianos si era un Nissan Cóndor, como lo señala la denuncia. Nos indican que estos 48 camiones habrían pagado este monto para poder pasar”, detalló la autoridad en conferencia de prensa este jueves.
García explicó que la acusación hace referencia al paso de 48 camiones de Villazón a Potosí, el 15 de septiembre de 2025. Luego del rastreo financiero y patrimonial de tres exfuncionarios, se identificaron movimientos económicos que no guardaban relación con sus ingresos declarados. Los montos observados ascienden a Bs 554.751, Bs 166.425 y Bs 69.515, que suman más de medio millón de bolivianos.
“Sin embargo, fuimos más allá. Les hicimos un rastreo económico a estas personas y hemos encontrado que no fueron solo 48 mil bolivianos, sino que entre los casos se superan más de medio millón de bolivianos que se fueron acumulando de extorsión en extorsión, de cobro en cobro”, afirmó García.
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Los tres exfuncionarios denunciados por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas son: un exgerente regional, un exresponsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico y un exagente del Control Operativo Aduanero.
Caso Senatex
El segundo caso corresponde a Senatex, donde dos extrabajadores del área administrativa, habrían realizado transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación a sus cuentas personales entre marzo y agosto de 2025, bajo el argumento de que se trataba de pagos a proveedores.
El rastreo identificó depósitos clasificados como “fuera de perfil” por Bs 3.880.309 en uno de los casos y Bs 733.471 en el otro, que en conjunto superan los Bs 4,6 millones.
“Estas dos exautoridades de Senatex pretendían justificar estos movimientos, indicando que iban a hacer con ello pagos a proveedores. Si las instituciones públicas contratamos la provisión de un servicio, las instituciones tenemos que pagarles a los proveedores, no es que la institución se auto deposita a sus funcionarios y ellos van a ir entregando de manera individual”, lamentó.
En este caso, se investigan los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.
El viceministro no descartó ampliar la investigación por legitimación de ganancias ilícitas ni convocar a otras personas si se identifican posibles responsabilidades gerenciales, ejecutivas u operativas.