El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, una de las exautoridades acusadas por presuntas irregularidades en la adquisición de radares dentro del “Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo” (Sidacta), señaló que se busca sabotear el proyecto para beneficiar al narcotráfico y el tránsito de avionetas para ese ilícito.
A través de un escrito posteado en las redes sociales, Ferreira anticipó que la “dictadura que gobierna el país a través de sus jueces y fiscales” terminará por privarlo de su libertad y alertó que el proceso penal instaurado por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, pone en riesgo todo el proyecto y “tira a la asura” todo el trabajo realizado por los últimos cuatro gobiernos.
“He leído un informe público del COSDEA basado en la «auditoría» que señala que a marzo del año 2026, de los 22 sitios radares y sistemas 18 funcionan y 4 están inoperativos o por falta de repuestos o por falta de energía eléctrica no cancelada. Ahora con la acción penal que interpone el gobierno no sólo contra nosotros, sino también contra la empresa francesa Thales (uno de cuyos accionistas es el Estado francés) cierran un proyecto innovador, difícil de construir que se desarrolló contra viento y marea por cuatro gobiernos y lo tiran a la basura”, señaló Ferreira.
El exministro del Gobierno de Evo Morales, en ese sentido, aseveró que el Gobierno acusa a la empresa francesa, que, dijo, es la única que podría proveer los repuestos para que esos radares funcionen, para “cerrar la posibilidad que el proyecto funcione”.
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“Difícil no creer que esto beneficiará a los que recaudan por permitir los vuelos de las avionetas del narcotráfico, que se pampean a libre albedrío por nuestro espacio aéreo, cuyo control tratamos de implementar con la Fuerza Aérea de Bolivia, a varios de cuyos oficiales también se acusa”, señaló.
Ferreira, además, señaló que ya pasó un año del actual Gobierno sin que parte de los radares funcionen, por lo que las actuales autoridades también tienen responsabilidad en el caso.
“Un año que no funcionan los radares en este gobierno, no hay razón para liberarlos de responsabilidad, y tengo certeza que un nuevo gobierno no podrá dejar de incluirlos entre los responsables de esta acción contra los intereses del Estado”, dijo.
La semana pasada, el Gobierno de Rodrigo Paz, a través del Ministerio de Defensa y la Procuraduría General del Estado, presentó una denuncia penal en contra de exministros de Defensa de las administraciones de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce, por el proyecto del “Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo” (Sidacta).
La actual cabeza del Ministerio de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que los denunciados son los exministros Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, del Gobierno de Evo Morales; Fernando López, de la gestión transitoria de Jeanine Añez; y Edmundo Novillo, de la administración de Luis Arce.
Justiniano detalló que se habría producido un daño económico de 1.748 millones de dólares. La demanda, que también alcanza a exfuncionarios públicos, militares y empresarios, es por los delitos de Contratos Lesivos al Estado; Incumplimiento de contratos; Incumplimiento de Deberes; y Conducta Antieconómica.
El actual Ministro detalló que en el proyecto Sidacta, el 2016, se firmó un contrato por más de 191 millones de Euros para la adquisición de 13 radares civiles y militares, centro de control, comunicaciones, software, capacitación y transferencia tecnológica.
Señaló que el contrato establecía que es un proyecto “llave en mano”, es decir, que el Estado debía recibir “un sistema completo funcional y puesto en operación”, con un plazo de entrega de 31 meses.
Empero, afirmó que los ministros señalados firmaron 7 contratos modificatorios – Ferreira 2, Zavaleta 2, López 1 y Novillo 2-, mismos que modificaron los plazos, las garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.