El expresidente del Estado, Evo Morales, reaccionó al inicio de la investigación de parte de la Fiscalía para avanzar hacia un juicio de responsabilidades en su contra por el ‘caso Hotel Las Américas’ y aseveró estar dispuesto a entrar a la cárcel por haber defendido “la unidad del territorio nacional”.
“Están ahora con juicio de responsabilidades del Hotel Las Américas (…) Si Evo tiene que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente”, afirmó Morales en su programa en Radio Kawsachun Coca.
Morales, en ese sentido, afirmó que si se aprueba el juicio de responsabilidades en su contra ni siquiera contratará un abogado.
“Estoy pensando, no quiero defenderme, no quiero contratar ningún abogado. Está en todo el documento, contrataron extranjeros para dividir Bolivia. Eso hemos defendido. Es la misión de todos”, sostuvo.
Advertisement:
Morales calificó el proceso como un intento de los sectores “separatistas” para juzgarlo señalando que lo que hizo fue defender la integridad territorial.
“A los separatistas, los vendepatrias, ahora van a hacer juicio de responsabilidades a Evo por defender la unidad territorial. Y eso lo saben ellos. Todo está bien documentado, ya tenían su mapa, ya tenían su nombre”, afirmó.
El fiscal general del estado interino, Armando Urioste, informó que efectuado el análisis de admisibilidad, emitirá informe ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto al inicio de a la fase de acumulación de antecedentes para el juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro Marcelo García Linera.
El inicio de la investigación se da a raíz de la proposición acusatoria presentada por la bancada de Libre por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad vinculados al caso del Hotel Las Américas.
En el memorial, el fiscal precisó el alcance de la actuación del Ministerio Público para habilitar “este informe de inicio por parte del Ministerio Público, para el juzgamiento del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, conforme dispone la ley de procesamiento especial”.
La proposición acusatoria fue presentada la pasada semana por la bancada de Libre. En este caso, se acusa a Morales por el operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo.
El Ministerio Público, cabe recordar, ya aceptó una denuncia penal interpuesta recientemente por las víctimas y exprocesados del operativo del Hotel Las Américas (2009). Sin embargo, la resolución fiscal de admisión ha generado controversia al dejar fuera de la lista de investigados al exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a otros operadores de justicia señalados en la querella original.
La denuncia por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros, fue presentada por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, tres víctimas del caso del Hotel Las Américas que fueron procesados por el delito de terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años en la cárcel, presuntamente sometidos a torturas y amenazas.
La resolución, firmada por la fiscal de materia Yobana Quispe Soto, ordena el inicio de la investigación preliminar contra 105 personas (aunque el documento registra 107 menciones, con dos nombres repetidos). Entre los denunciados admitidos figuran ex altos funcionarios del gobierno de Evo Morales.
Caso Hotel Las Américas
El caso Hotel Las Américas refiere a un violento operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron dicho hotel y abatieron a tres extranjeros (Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer) acusados por el gobierno de Evo Morales de formar una célula terrorista que planeaba un magnicidio y la secesión de la región oriental del país. Aunque inicialmente el caso derivó en un largo juicio por supuesto terrorismo contra líderes civiles y políticos opositores, el rumbo de la investigación cambió de manera radical tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.