La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el Proyecto de Ley N° 438/2025-2026, que se refiere a la prescripción, la declaración y la consolidación de depósitos judiciales abandonados o no reclamados. Asimismo, establece su transferencia y administración en favor del Órgano Judicial.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.
El proyecto de ley establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de los depósitos judiciales, que comenzará a correr desde que la resolución que autorice su reembolso quede ejecutoriada.
Cumplido ese plazo sin que exista un reclamo, el Órgano Judicial publicará el listado de los depósitos en dos oportunidades con intervalos de cinco días y otorgará otros un mes para que las personas con interés legítimo puedan solicitar su devolución. Si no se presenta ninguna reclamación válida, el depósito será declarado prescrito y se consolidará en favor del Órgano Judicial.
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La propuesta normativa excluye los depósitos judiciales vinculados a derechos protegidos, así como aquellos cuyo régimen de prescripción, administración, devolución o extinción se encuentre establecido por la Constitución Política del Estado o por una ley especial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, señaló que actualmente existen depósitos no utilizados en las arcas del Órgano Judicial y que los recursos económicos serán destinados al uso de herramientas tecnológicas, el descongestionamiento de causas y la mejora de infraestructura.
Según explicó, con un análisis realizado hasta la gestión 2021, se estima que se cuenta con alrededor de Bs 1.000 millones por depósitos judiciales. De ese total, sólo cerca de Bs 300 millones estarían disponibles para su transferencia al Órgano Judicial, lo que equivale a una cuarta parte de su presupuesto anual.