El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra 10 exfuncionarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) por un daño superior a Bs 52 millones a esta compañía.
En conferencia de prensa, el titular de esta cartera de Estado, Yamil García, informó este martes que un informe, emitido por la Contraloría General del Estado, reportó un presumible daño económico de más de Bs 52 millones.
“La explicación de este daño económico millonario en contra de Entel hace referencia concretamente a un proceso de contratación, a una contratación de decodificadores de audio y video”, subrayó.
Explicó que Entel contrató a la empresa Comtec para la provisión de 50.000 equipos, cuyas condiciones establecían que cada dispositivo debía contar con una memoria RAM mínima de un gigabyte; sin embargo, los equipos entregados tenían una capacidad de apenas 512 megabytes, equivalente a la mitad de lo requerido.
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“Esto no solamente es una observación de tipo técnico, sino financiero (…). Es decir, se compró, se contrató, por una giga y se recibió por la mitad; sin embargo, se pagó por la totalidad de más de 52 millones de bolivianos”, lamentó.
Añadió que el caso motivó al Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos a promover una acción penal que ya se encuentra a cargo del Ministerio Público, con un inicio de investigación.
“La denuncia está dirigida en contra de 10 exfuncionarios de Entel, hacemos referencia por ejemplo al señor Óscar Coca Antesana, que en ese momento era gerente general, era la máxima autoridad ejecutiva, era responsable de todo el proceso de contratación”, indicó.
La denuncia también es en contra de los demás gerentes, subgerentes nacionales, miembros de la Comisión de Calificación, debido a que la empresa proveedora “debió haber sido descalificada si la entidad requería una giga y si la propuesta decía menos de una giga”.
También están denunciados todos quienes conforman la empresa Comtec, como el representante legal y los que fungían como socios en ese momento, precisó la autoridad gubernamental.
“Hemos formalizado la acción penal por los presuntos delitos de uso indebido de influencias ya que observamos un favorecimiento que concede una ventaja ilegal e ilegítima; observamos un incumplimiento de contratos, porque la empresa requería una giga y no requería la mitad; y también observamos conducta antieconómica, porque estos recursos son provenientes de recursos de todos los bolivianos”, añadió.