La Defensoría del Pueblo alertó, este lunes, respecto al impacto generado por el levantamiento de la subvención del diésel en el precio de los alimentos de primera necesidad, por lo que el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó a las autoridades competentes del Estado a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la alimentación de las familias bolivianas.
El “Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia”, realizado por la Defensoría del Pueblo en 10 ciudades capitales y El Alto, entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026, evidenció que 18 de 21 alimentos básicos registraron incrementos superiores al 100%, llegando algunos a superar el 200%.
Asimismo, el 71% de los hogares considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos, el 33% redujo el número de raciones diarias y el 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus ingresos a la compra de alimentos. El incremento de precios afecta de manera diferenciada a familias en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas personas adultas mayores y personas con discapacidad.
“Hay efectos negativos del levantamiento de la subvención del diésel que llegó a la mesa de la familia boliviana. Existe un incremento desmedido de precios e impacto a la alimentación, porque el presupuesto no alcanza, hay altos índices de reducción consumo esencial, diversas formas de cambios de hábitos alimenticios, y hay un mayor impacto a grupos en situación de vulnerabilidad; y un grado de regresión en el ejercicio del derecho a la alimentación”, afirmó Callisaya.
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En ese sentido, afirmó que “estamos haciendo recomendaciones al Estado y, específicamente, a las autoridades competentes del nivel central, a los Gobiernos Autónomos Departamentales y a los Gobiernos Autónomos Municipales, para que, en el marco de sus respectivas competencias constitucionales y legales, adopten las acciones necesarias frente a esta situación”.
“Como Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento correspondiente al cumplimiento de estas recomendaciones”, señaló el Defensor del Pueblo.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades competentes del nivel central del Estado adoptar medidas urgentes y diferenciadas para garantizar el acceso a alimentos esenciales, especialmente de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
A los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales recomienda fortalecer, en el marco de sus competencias, los programas de apoyo y seguimiento a personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. A los Gobiernos Autónomos Municipales recomienda reforzar los controles en mercados respecto al peso, medida, inocuidad y cumplimiento de la normativa aplicable, así como los mecanismos de prevención y denuncia frente al agio, la especulación y el ocultamiento de productos.
Finalmente, a los Concejos Municipales recomienda ejercer sus atribuciones de fiscalización y promover las medidas normativas que correspondan para contribuir al acceso de la población a alimentos esenciales.