Inmediatamente después de que fue sancionada en Diputados, tras aprobarse en el Senado, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la norma que modifica el artículo 25 en la Ley 260 del Ministerio Público y abre la puerta a que el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tenga la tuición de suspender al Fiscal General y designar a una autoridad interina por tres meses.
“Las instituciones, cuando deciden, deciden a nombre de la patria. Hoy día, el Parlamento decidió; decidió sobre una verdad y una verdad que Bolivia vio y que necesitaba de la decisión de sus instituciones. Esta es la patria que decide, este es el Parlamento que decide, este es el Gobierno que decide. Nosotros tomamos decisiones”, señaló el presidente Paz tras promulgar la norma.
El proyecto de Ley, en concreto, plantea añadir un nuevo artículo en el artículo 25 en la Ley 260 del Ministerio Público, cuya regulación se circunscribe a definir el procedimiento para la suspensión definitiva de la o el Fiscal General del Estado.
El artículo que se busca añadir establece que este mecanismo se activa por decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante votación de los miembros presentes en una Sesión Ordinaria, “pero limitando este hecho a la concurrencia de indicios fehacientes de la presunta comisión de delitos aprovechando su cargo y las facultades conferidas por este en su condición de autoridad jerárquica superior del Ministerio Publico”.
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En ese marco, la ALP propone que el Fiscal General interino solo pueda ocupar el cargo por el lapso de tres meses, “periodo en el cual la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá desarrollar el proceso de selección y designación de la o del nuevo Fiscal General del Estado”.
Asimismo, se dispone que la o el Fiscal General Interino deberá cumplir con los mismos requisitos generales y específicos señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Publico, “a fin de que el interinato permita garantizar la continuidad en el cumplimiento de las funciones de la institución de defensa de los intereses de la sociedad, en tanto se lleva adelante el proceso de selección y designación de la nueva autoridad”.
El Proyecto de Ley especifica que el Fiscal General del Estado deberá cumplir todas las funciones, atribuciones, competencias, derechos y deberes del Fiscal General del Estado en tanto dure la interinato.
Además, el Fiscal General interino tendrá como misión prioritaria desmantelar las estructuras criminales vinculadas a la causa que originó la suspensión, con facultades para conformar equipos especializados y solicitar cooperación internacional, bajo respeto al debido proceso y control judicial. La norma fue aprobada definitivamente en el Senado y será remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
“El Fiscal General Interino no se trata de un cargo definitivo, sino de una figura de gestión y custodia temporal que asume las funciones de fiscalización o administración cuando el titular está ausente o la institución se encuentra en una situación de crisis, irregularidad o acefalía, como lo es el presente caso”, añade la propuesta normativa.
La sesión y propuesta de la ALP se da después de que el Gobierno, con apoyo de Estados Unidos, procediera a la aprehensión de 14 autoridades del Ministerio Público por presunta vinculación con el narcotráfico y la conformación de una “organización criminal”, entre ellos Roger Mariaca, quien fungía como Fiscal General del Estado.
En ese marco, el Gobierno advirtió ayer, jueves, que todo aquel que no esté con el “desarrollo de la patria” será visto como un aliado del “narcoterrorismo” y será “combatido” para ponerlo ante la justicia.