Siete de los nueve gobernadores del país se pronunciaron este jueves y se declararon en “estado de alerta” para que el Gobierno active el ‘50/50’ y también cumpla otras de sus demandas.
“Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento hasta el 31 de octubre del 2026”, indicó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien fue el encargado de leer las conclusiones de la reunión.
En la lectura del pronunciamiento estuvieron, además de Velasco, Luis Revilla (La Paz), María René Soruco (Tarija), Luis Ayllón (Chuquisaca), Édgar Sánchez (Oruro) y Leonardo Loza (Cochabamba).
En ese sentido, los gobernadores ratifican que la distribución 50/50 de los ingresos fiscales constituye el punto de partida para una mayor autonomía fiscal. Plantea que el Gobierno incorpore desde 2027 la coparticipación tributaria para las gobernaciones, sin afectar los ingresos de municipios, autonomías indígena originario campesinas ni universidades públicas.
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“Necesitamos que el 50-50 sea una realidad desde el 2027 como lo firmamos el 5 de agosto en la Casa de la Libertad en el departamento de Chuquisaca”, señaló Velasco en conferencia de prensa.
Los gobernadores también indicaron que debido a que los presupuestos de la gestión 2026 se formularon con un precio de diésel de 6,73 el litro, y que el decreto supremo 5716 posteriormente fijó un precio internacional (generando un gasto mayor no previsto), exigen mecanismos compensatorios, modificaciones presupuestarias y garantía de provisión, entre otros.
En ese marco, pidieron “disponer de las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, que compense el diferencial del precio del diésel consumido para la prestación de los servicios y el ejercicio de las competencias departamentales, en particular, el mantenimiento de la red vial departamental, los servicios de salud, la operación de maquinaria y equipo”.
Agregó que también se exige “autorizar a través del Ministerio Económico y Finanzas Públicas con carácter excepcional las modificaciones presupuestarias designadas entre partidas y fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el mayor gasto en combustibles sin que dicho gasto se compute en los límites de funcionamiento de la Gobernación”.
Velasco también reclamó la activación inmediata del cronograma acordado el 5 de agosto con el presidente Rodrigo Paz para implementar el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT), con reprogramación de deudas y nuevos recursos para recuperar el equilibrio fiscal de las gobernaciones.
Entre las demandas figura además la aprobación de normas sobre la distribución de recursos, la devolución del 12% del IDH, la promulgación de la Ley de Retorno Económico y la eliminación de obligaciones que, según las gobernaciones, corresponden al nivel central.
// Oxígeno con información de Unitel y El Deber