El empresario y exaliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, cuestionó el perfil del recientemente nombrado como ‘zar anticorrupción’ Yamil García, por la cercanía que tendría con el presidente Rodrigo Paz.
A través de sus cuentas en las redes sociales, Doria Medina aseveró que un ‘zar anticorrupción’ debería tener “la suficiente independencia y prestigio personal como para evitar que los demás metan la mano en la lata”, por o que cuestionó la designación de García.
Según el otrora candidato a la presidencia, García es un “abogado local y políticamente cercano al presidente” Paz, ya que ambos “pertenecieron al mismo bloque político en la anterior legislatura”.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó el Decreto Supremo 5706, que declara de prioridad nacional la lucha contra la corrupción y modifica la estructura del Órgano Ejecutivo para fortalecer al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia. La norma, bautizada «Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal», modifica el Decreto Supremo N° 5675, de Organización del Órgano Ejecutivo, aprobado apenas un mes antes.
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En ese sentido, el Decreto convierte al viceministro de Transparencia, cargo ocupado en la actualidad por Yamil García, en el «Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia», con facultades de coordinación estratégica ante todos los Órganos del Estado y ante entidades públicas y privadas.
Entre las atribuciones más amplias que otorga el decreto está la de ejecutar «acciones inmediatas in situ» en entidades y empresas públicas, mixtas o con participación estatal, para requerir información o documentación física o digital de manera obligatoria e inmediata. El Viceministerio también queda facultado para actuar como parte coadyuvante en procesos administrativos y judiciales vinculados a hechos de corrupción, para coordinar con la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Financieras, y para presentar anualmente al Presidente un informe sobre el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción.