A través de sus cuentas en las redes sociales, el expresidente Evo Morales criticó el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que “es inconstitucional y una traición a la patria”.
“El acuerdo entre el gobierno con el FMI es inconstitucional y una traición a la patria. El Art. 320 de la CPE prohíbe imposiciones y condicionamientos extranjeros sobre nuestra política económica”, señaló.
Empero, advirtió que “con el pretexto de levantar la subvención y abrir candados para atraer inversión”, el Gobierno pretende “mutilar la Constitución del Estado Plurinacional para someter al pueblo a las recetas del hambre y, de esta manera privatizar y entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales”.
De la misma manera, el dirigente cocalero criticó lo expresado en las últimas horas por el ministro de Economía, Christian Morales, respecto a que entre 8 y 10 empresas públicas serán cerradas “en el muy corto plazo”.
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Para Morales, la intención de cerrar empresas públicas busca “iniciar una nueva etapa de privatización y capitalización igual o peor que la de la época neoliberal (1985-2005) que tiene como único objetivo vender Bolivia”.
“Este acuerdo demuestra que el futuro de Bolivia se planifica desde afuera, donde mandan políticamente desde Estados Unidos, económicamente desde el FMI y militarmente desde el Comando Sur”, acotó.
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras que respalda el acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) detalla los principales compromisos que asumió el Gobierno para acceder al crédito otorgado por el organismo de hasts 1.900 millones de dólares. Entre los puntos, está el compromiso de poner fin a la subvención de los combustibles en 2027, la consolidación del tipo de cambio flexible y las perspectivas de que la economía toque sus niveles más bajos el 2027 y recién empiece a recuperarse el 2028.
Según el documento, el Decreto Supremo 5516 (enero de 2026) había previsto eliminar la subvención durante este año, pero el Ejecutivo decidió postergar esa medida hasta 2027 mediante el DS 5652 (julio de 2026), “debido a unos precios internacionales del petróleo más altos de lo esperado y a la preocupación en torno al impacto social” de aplicar ajustes fuertes y repetidos a los precios internos.
El segundo eje central del memorando es la modernización del régimen cambiario. El documento confirma que Bolivia ya unificó el tipo de cambio oficial y el de referencia, y que desde finales de junio de 2026 rige un nuevo esquema en el que los bancos son libres de negociar el tipo de cambio para todas sus transacciones de compra y venta de divisas, algo que el propio texto cataloga como «acción previa» al acuerdo con el FMI.
En materia de crecimiento, el memorando no oculta que el ajuste tendrá un costo de corto plazo. El Gobierno, en ese sentido, anticipa que la actividad económica seguirá contrayéndose en 2026 y tocará su nivel más bajo en 2027, antes de iniciar una recuperación sostenida hacia 2028, apoyada en mejoras de gobernanza, mayor disponibilidad de crédito y un tipo de cambio determinado por el mercado.