El presidente Rodrigo Paz promulgó este martes el Decreto Supremo 5698, que habilita a los pequeños productores agropecuarios a adquirir diésel subvencionado para su consumo propio, en volúmenes de entre 121 y 2.500 litros al mes, con la sola presentación de su Cédula de Identidad en las estaciones de servicio.
La norma establece que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) deberá remitir cada mes, dentro de los primeros diez días hábiles, la información actualizada del Régimen Agropecuario Unificado (RAU) al Ente Regulador, para que este cuente con los datos de los productores habilitados a comprar el carburante a precio regulado.
El decreto precisa que quienes se beneficien de esta autorización no podrán transferir el diésel adquirido «bajo ningún título». De hacerlo, perderán el derecho a seguir comprando combustible bajo este mecanismo. Además, el Ente Regulador quedó facultado para cruzar información con otros registros públicos y así identificar a nuevos beneficiarios, y tendrá tres días hábiles para emitir el reglamento de control y fiscalización de la medida.
La norma también resguarda a quienes ya acceden al diésel subvencionado mediante la Tarjeta de Control, creada por el Decreto Supremo 2243 de 2015. Este segmento podrá seguir comprando el carburante en los mismos volúmenes, aunque el Ente Regulador deberá unificar ambos registros en una sola base de datos para evitar que un mismo productor reciba doble beneficio.
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El decreto se conoce en medio de la tensión que generó el Decreto Supremo 5676, vigente desde el 16 de agosto, que eliminó la subvención estatal para los llamados «grandes consumidores» de diésel y fijó un precio referencial de 18 bolivianos por litro para ese segmento, mientras mantuvo los 9,80 bolivianos para transportistas y particulares.
Esa medida encontró oposición de sectores agropecuarios, mineros, cañeros y del transporte, que la calificaron como un «dieselazo» y exigieron su abrogación. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Confederación de Choferes de Bolivia y organizaciones de productores de Santa Cruz y Cochabamba llegaron a declararse en estado de emergencia, con bloqueos y amenazas de nuevas movilizaciones si el Gobierno no daba una respuesta. El propio Ejecutivo reconoció que el DS 5676 respondió a condiciones del programa de financiamiento acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pese a las presiones, autoridades de YPFB y del Gobierno ratificaron en los últimos días que el decreto no será abrogado, aunque anunciaron ajustes a la norma para atender los reclamos del sector productivo.
El DS 5698, en ese sentido, abre una vía específica para que los pequeños productores agropecuarios —uno de los sectores más golpeados por la escasez y el alza de precios— accedan al diésel para sus actividades sin verse alcanzados por el precio diferenciado.
Adicionalmente, el decreto modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 5676 para precisar el destino de los recursos por diferencial de precios en la venta de diésel a Usuarios Directos, que ahora quedarán depositados a favor de YPFB por cuenta de las estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles líquidos. También amplía hasta el 30 de abril de 2030 el incentivo tributario para la importación de vehículos con tecnología Flex Fuel.