El alcalde de La Paz, César Dockweiler, decidió llevar a la Asamblea Legislativa Plurinacional el conflicto por la acumulación de residuos sólidos y planteó una salida de alcance nacional: un proyecto de ley destinado a garantizar la continuidad del servicio de gestión integral de residuos sólidos y evitar que la basura vuelva a convertirse en un mecanismo de presión durante conflictos laborales, sindicales, sociales o políticos.
Dockweiler presentó este jueves el proyecto de Ley de “Continuidad, Protección y Garantía del Servicio Esencial de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, con el sustento que la acumulación de basura en las calles no solo representa un problema de servicios municipales, sino una amenaza directa a la salud pública y al medio ambiente.
“Hay que completar el marco normativo para evitar que nuevamente la basura sea utilizada como medida de presión”, afirmó Dockweiler, al señalar que, aunque la Constitución Política del Estado establece que el servicio no debería interrumpirse, existen vacíos legales que dificultan una respuesta rápida ante este tipo de contingencias.
El Alcalde cuestionó que, pese a las disposiciones constitucionales y a las obligaciones establecidas en los contratos de prestación del servicio, la basura haya permanecido en las calles debido a medidas de protesta de trabajadores. En ese sentido, sostuvo que el municipio busca pasar de una reacción frente a las crisis a un mecanismo legal de prevención y respuesta inmediata.
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La propuesta también se respalda, según la autoridad edil, en la reciente sentencia constitucional derivada de una acción popular presentada por el Defensor del Pueblo, que estableció la necesidad de evitar que los residuos permanezcan en las vías públicas debido a las consecuencias que ello genera para la salud y la salubridad.
“Este proyecto de ley no está en contra del derecho a la protesta ni del derecho a la huelga. Lo que dice es que no puedes vulnerar otros derechos”, remarcó Dockweiler.
Bajo ese principio, el proyecto plantea que una eventual huelga o medida de presión de trabajadores del aseo urbano no pueda traducirse en la paralización efectiva del servicio. Las empresas responsables tendrían que adoptar mecanismos de contingencia, como la reposición temporal de personal, para garantizar el recojo de residuos.
Asimismo, la norma contempla mecanismos para actuar cuando terceras personas o instituciones impidan la prestación del servicio. En esos casos, se prevé la posibilidad de activar acciones ante el Ministerio Público y disponer medidas destinadas a restituir el recojo de basura.
Otro de los ejes de la propuesta es la creación de mecanismos de respuesta de emergencia en un plazo de hasta 24 horas desde la emisión de una alerta, permitiendo movilizar recursos municipales, departamentales o nacionales para enfrentar una eventual crisis sanitaria provocada por la acumulación de residuos.
Para Dockweiler, el problema trasciende a la sede de gobierno y requiere una respuesta nacional. “No estamos hablando solamente de la ciudad de La Paz. No somos las únicas víctimas de este tipo de daño a la salud pública”, sostuvo, al recordar que otros municipios del país también han atravesado situaciones similares.
La propuesta llega después de que La Paz se llenara de basura en las calles tras más de dos semanas de medidas de presión de las empresas de recojo.