La madrugada de este jueves, un grupo de estudiantes de la Universidad Indígena Boliviana “Casimiro Huanca” (Unibol Quechua) inició un bloqueo en la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz, en la región del Trópico, para exigir que el Gobierno atienda sus demandas.
Se trata de una medida de protesta anunciada hace días atrás en rechazo al supuesto intento de traslado de esta de estudios superiores pública de Chimoré a Tolata.
Los movilizados exigen también la destitución inmediata del rector Milton Contreras, a quien acusan de presuntos hechos de corrupción, además de la restitución de sus fondos económicos del SIGEP, que, según denuncian, fueron cerrados “de manera arbitraria”.
Dirigentes del Trópico también demandaron un pronunciamiento del ministro de Educación, Erick Sanjinéz, y señalaron que la situación perjudica a más de 600 estudiantes.
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Ayer, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, remarcó que el Gobierno reconoce el derecho de la población a expresar sus demandas, pero sostuvo que cualquier movilización debe desarrollarse dentro del marco de la normativa vigente, sin afectar el derecho de terceros al libre tránsito.
“No vamos a permitir los bloqueos en ninguna parte del país”, aseguró, a tiempo de recordar que el Estado de Excepción permanece vigente.
La autoridad gubernamental explicó que las acciones estatales se desarrollarán respetando el debido proceso y que ya se trabaja en la identificación de quienes convocan a este tipo de medidas, para que las instancias competentes determinen las acciones que correspondan conforme a ley.
“Estamos identificando a quiénes son las personas que están llamando a este tipo de situaciones que están prohibidas en el país para que, con el debido proceso, la justicia tome acciones”, advirtió.
Mediante el Decreto Supremo 5636, desde el 20 de junio entró en vigencia el estado de excepción ante las persistentes movilizaciones y bloqueos de caminos que impedían la libre circulación de alimentos, pacientes, medicinas y combustible en diferentes regiones del país.
La norma tiene una vigencia de 90 días, plazo que vence en la segunda quincena de septiembre, aunque permite su ampliación, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
/ / Oxígeno con información de Unitel