El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, rechazó la censura del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y afirmó que la autoridad continúa ejerciendo sus funciones.
En conferencia de prensa, Gálvez exhortó al presidente de la ALP, Edmand Lara, a “sujetarse” a lo que establece la Constitución Política del Estado sobre la censura a ministros.
De acuerdo s u entendimiento, para censurar a un ministro se necesita 111 votos, dado que representa los 2/3 del total de la Asamblea, y no “solo 91”, votos que esta jornada representaron a los 2/3 de los legisladores asistentes a la sesión de interpelación del Ministro de Economía, que no acudió a la cita y cuya justificación fue rechazada.
“El Ministro Espinoza sigue en total ejercicio de sus funciones porque no corresponde de acuerdo a la sesión dada”, señaló.
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Afirmó que incluso con la censura, sigue en funciones hasta que se tome una decisión del Ejecutivo.
Poco antes, Espinoza tuvo la misma lectura de la situación y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional A(TCP) para que interprete el artículo 158 de la Constitución.
“Yo insisto, me voy a apegar a lo que dice la Constitución y consultaremos al Tribunal Constitucional si la decisión que ha tomado la Asamblea hoy día es constitucional o no”, aseveró.
De hecho, el artículo 158 de la Constitución señala que la ALP puede “acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea”, sin especificar si es el total del pleno o de los presentes en la determinada sesión.
“La cuestión es interpretativa y no tiene precedente directo del TCP en materia de censura ministerial”, señala un análisis hecho llegar al portal Oxígeno.bo.
Este martes, la ALP, primero, rechazó, con 81 votos, la excusa presentada por Espinoza para no asistir a su interpelación respecto a “la gestión pública, la política monetaria y la planificación macroeconómica del Estado”.
Luego se procedió a votar por la censura y la misma fue aprobada con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, a pesar del cuestionamiento de algunos legisladores, entre ellos del presidente del Senado, Diego Ávila, sobre su legalidad.