El alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó este lunes que el Decreto Supremo 5660, emitido por el Gobierno nacional que autoriza a los gobiernos autónomos municipales un reajuste excepcional en los precios de los contratos de aseo urbano, debió ser previamente socializado y consensuado con las alcaldías del país, en respeto al régimen de autonomías y para evaluar de manera conjunta sus impactos financieros y operativos.
La autoridad edil explicó que la disposición reconoce el incremento de los costos que enfrentan los servicios de limpieza urbana, principalmente por el alza en los combustibles, situación que también afecta a otros servicios municipales. Sin embargo, consideró que una medida de esta naturaleza requería un proceso de coordinación entre el nivel central del Estado y los gobiernos municipales.
“Es una disposición que viene desde el Gobierno Nacional hacia los gobiernos subnacionales indicando que tiene que subir el precio, que tenemos que pagar más por el recojo de la basura. Hubiera sido muy interesante que el Gobierno Nacional nos hubiera comunicado, nos hubiera convocado para conocer esta medida, pero no conocíamos absolutamente nada”, manifestó Dockweiler.
El alcalde remarcó que el principio de autonomía municipal implica que las decisiones que inciden directamente en la gestión de los gobiernos locales deben ser analizadas de manera coordinada, permitiendo que los municipios expongan sus observaciones y planteamientos antes de la emisión de este tipo de normativas.
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Asimismo, explicó que el incremento en el costo de los combustibles ha generado efectos sobre diversos servicios públicos que presta el municipio, entre ellos el sistema de transporte municipal, programas operativos y el servicio de recolección de residuos sólidos.
En ese contexto, recordó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ya había iniciado, con anterioridad a la promulgación del decreto, un proceso de revisión técnica de los contratos de aseo urbano, conforme a la normativa vigente y a las cláusulas establecidas en los propios contratos.
La autoridad edil indicó que ahora corresponde analizar los alcances del Decreto Supremo 5660 y elaborar los informes técnicos que permitan determinar la aplicación de la medida dentro del municipio, tomando en cuenta que la norma establece una facultad y no una obligación inmediata para efectuar el reajuste.
Finalmente, la autoridad sostuvo que el reconocimiento, por parte del Gobierno nacional, del incremento en los costos del servicio de aseo urbano también implica admitir la necesidad de revisar la estructura de financiamiento de este servicio, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad.
“Si existe un incremento en el pago a la empresa que realiza el recojo de residuos sólidos, los recursos deberán provenir de alguna fuente de financiamiento. En ese marco realizaremos los estudios e informes técnicos correspondientes para evaluar los ajustes que sean necesarios, siempre con responsabilidad y dentro de lo que establece la normativa vigente”, concluyó el alcalde.