El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, dio algunos detalles de los resultados de la investigación de la comisión legislativa encargada de indagar el caso de la distribución de la gasolina basura o desestabilizada en el país.
Entre otros puntos, el legislador aseveró que el informe recomienda que la Fiscalía y la Contraloría investigue a exministros y expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tanto de la anterior gestión de Luis Arce como del actual gobierno de Rodrigo Paz.
Entrevistado por Unitel, Alarcón detalló que se solicita el inicio de investigaciones contra los exministros de Hidrocarburos Alejandro Gallardo (gestión de Luis Arce) y Mauricio Medinaceli (gestión de Rodrigo Paz).
Asimismo, están señalados el último presidente de YPFB que tuvo el Gobierno de Luis Arce, Armin Dorgathen, y Yussef Akly, quien fue la primera cebza de Yacimientos posesionado por Rodrigo Paz. Ambos también son apuntados por presuntas irregularidades en la importación y distribución de combustibles.
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Alarcón, en ese sentido, anunció que en el informe se pide enviar todos los antecedentes al Ministerio Público para las “investigaciones penales que correspondan sobre la base de los hallazgos y los indicios” que se evidencian.
También se pide que tome parte del proceso la Contraloría General del Estado para que se hagan auditorías especiales y, “al Órgano Ejecutivo para que se refuercen las capacidades logísticas y de equipos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para ejecutar un adecuado control de la calidad de los carburantes”.
Según explicó, la investigación detalla que se habría incurrido en delitos de Conducta antieconómica, Incumplimiento de deberes, Atentado contra la seguridad de los servicios públicos, Falsedad ideológica, Daño calificado y Negociaciones incompatibles.
El Diputado, por otro lado, señaló que el informe también detalla las irregularidades halladas en el control de calidad de los carburantes.
“En una parte del informe dice que la gasolina desestabilizada o la que se llama basura, funcionarios de la ANH y YPFB hacían el control al ojo porque solo verificaban el color y el aspecto de la gasolina”, señaló.
Especificó que “uno de los encargados de la verificación era electricista, o sea, no era especialista en química para hacer adecuadamente esta verificación entre otros hallazgos, sobre todo a los certificados de calidad”.
Alarcón también apuntó a los certificados de calidad y dijo que se emitían “con graves observaciones”.
Esta fiscalización estaba a cargo de “tres empresas privadas que, según la comisión, no tenían un contrato vigente con YPFB”.
“Pero además no se establecían en los certificados los componentes que deberían determinar para ver la medida si era permisible o no de componentes contaminantes”, sostuvo.
Alarcón además denunció que “después de distribuir” el combustible “recién se preocupaban de los certificados”.
// Oxígeno con información de Unitel