El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, negó haberse parcializado con los grupos movilizados durante los 53 días de bloqueos y aseguró que la institución actuó bajo criterios de igualdad en el conflicto, brindando atención a bloqueadores, policías, periodistas, personas detenidas y otros afectados
El Defensor acudió a brindar un informe oral ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y afirmó que la Defensoría «no tiene una agenda política, sino de derechos humanos».
Aseveró que sus intervenciones se limitaron al “monitoreo de la situación, la verificación del debido proceso y acciones humanitarias para prevenir vulneraciones de derechos”.
Asimismo, defendió la realización de caravanas humanitarias con el apoyo de organismos internacionales, aunque reconoció que estas implicaron riesgos para el personal de la institución.
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Callisaya reiteró que la Defensoría actuó en el marco de la Constitución y la Ley 870, y remarcó que su mandato se limita a la vigilancia, protección y promoción de los derechos humanos, por lo que no tiene atribuciones para ejecutar operativos de desbloqueo, ejercer funciones policiales, iniciar acciones penales o sustituir las competencias de la Policía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
En Bolivia rige el Estado de Excepción desde el 20 de junio tras más de 50 días de bloqueos de caminos por parte de sectores radicales, que pedían la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.
Esa extrema medida de presión dejó fallecidos, actividades paralizadas, choferes varados en caminos en condiciones inhumanas, millonarias pérdidas económicas, desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, entre otros productos de primera necesidad, y otros daños de magnitud.
// Oxígeno con información de Radio Fides