El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, denunció el secuestro y las agresiones físicas sufridas por el fiscal de materia Javier Solís y dos efectivos policiales en el municipio de Ixiamas, cuando cumplían labores relacionadas con una investigación penal. La autoridad exhortó a los dirigentes y pobladores involucrados a establecer un diálogo inmediato para resolver el conflicto y resguardar la integridad física de los funcionarios.
“No se puede permitir que un fiscal que está cumpliendo una labor investigativa sea tomado por personas y golpeado. El diálogo siempre es el camino y las agresiones no”, manifestó Quiroga.
La autoridad explicó que los hechos se suscitaron después de que el representante del Ministerio Público ejecutara un mandamiento de aprehensión, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Esta actuación habría provocado la reacción de un grupo de pobladores que inicialmente buscó dialogar con el fiscal, pero posteriormente habría ingresado por la fuerza a las instalaciones de la agencia fiscal de Ixiamas.
Según la información recibida por el Ministerio Público, el fiscal y dos funcionarios policiales habrían sido retenidos, trasladados contra su voluntad y agredidos físicamente. Asimismo, se reportó que las personas involucradas habrían llevado a los funcionarios hasta un cepo, situación que generó preocupación por su integridad física y su vida.
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Por su parte, el coordinador general de la Fiscalía Departamental de La Paz informó que estos acontecimientos estarían relacionados con una investigación por la muerte de Ignatiy Valisevich, ocurrida el 16 de septiembre de 2016, cuyo proceso se encontraría en etapa de juicio. En el marco de las actuaciones investigativas y ante la existencia de nuevos elementos, se habría dispuesto la aprehensión de una persona oriunda de la región.
Quiroga destacó la intervención de la Policía Boliviana, que logró retirar del lugar a la persona aprehendida y desplegó un contingente policial para atender la situación. Asimismo, reiteró que la justicia comunitaria no constituye una justificación para ejercer violencia contra autoridades que cumplen funciones legalmente establecidas.
Finalmente, el Fiscal Departamental hizo un llamado a los dirigentes y pobladores de Ixiamas para que depongan las medidas de violencia y recurran a los mecanismos legales correspondientes.