Esta mañana, el Ministro de Economía del Estado, Mario Guillén; y la directora de la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros (ASFI), Lenny Valdivia, acudieron a declarar ante la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa por el millonario desfalco que sufrió el Banco Unión.

Durante sus intervenciones, en momentos diferentes, ambas autoridades coincidieron en señalar que el desfalco al Banco Unión no es el único que se haya presentado en los últimos años, ratificando que ha habido casos similares tanto la banca privada como en la estatal.

En ese sentido, el Ministro de Economía señaló que en los últimos once años – desde el 2006- se han destituido a 1334 funcionarios de entidades bancarias por delitos de robos, fraude, daños económicos, entre otros.

Según los datos presentados por Guillén, desde el 2013, 586 funcionarios bancarios fueron retirados por “infracciones y faltas cometidas con dolo y con daño económico reconocido”; 742 fueron retirados por “contravensiones graves a normales internas o disposiciones legales, por imprudencia o negligencia”; y 6 por “daños que fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa, grave o abuso de facultades”.

En esa misma línea, la Directora de la ASFI señaló, por su parte, que en los últimos siete años (desde el 2010 hasta el 2017) hubo la sustracción de más de Bs 6,3 millones en seis diferentes robos a entidades financieras.

Valdivia dijo que esa sustracción se realizó entre las gestiones 2010 y 2017, por montos de Bs 800.784 y $us 791.652.

Auditoría externa

Por otra parte, ambas autoridades también coincidieron en que es imperioso que se realice una auditoría externa al Banco Unión.

Guillén aseguró que un perito del seguro del Banco realizará un estudio para verificar el monto desfalcado y aseveró que “el Banco Unión tiene casi un millón de transacciones diarias y fiscalizar aquello es casi imposible”.

Valdivia, en esa misma línea, ratificó que para el desfalco de la mencionada entidad bancaria fueron vulnerados tres mecanismos de seguridad y anunció que se pidió “una auditoría externa para llegar al fondo de este hecho”.