Política

El Vocero presidencial identificó al menos tres conflictos que tendrán los cívicos: El llenado de firmas requerido, la aprobación de la ley de convocatoria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el oficialista MAS-IPSP tiene mayoría, y la fundamentación.

En la audiencia, que se alargó por aproximadamente tres horas, Fernando Camacho tomó la palabra y afirmó que es un "momento crítico para el pueblo cruceño".

“La reconstrucción económica de Bolivia también se impulsa gracias al gran trabajo y esfuerzo de nuestros compatriotas en el exterior. En 2022 nuestras remesas familiares batieron récord histórico llegando a $us1.437 millones, 2,7% más que en 2021. ¡Unidas y unidos, avanzamos!”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Ayer, el presidente saliente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio un plazo de tres días para que el jefe de Estado, Luis Arce, apruebe la amnistía para “presos políticos”, caso contrario amenazó con activar el proceso revocatorio en su contra.

El Alcalde de La Paz, además, anunció la elaboración de un nuevo Mapa de Riesgos de manera consensuada en los próximos 90 días.

“Ayer en Gabinete, el Presidente le manifestó esto al Ministro de Gobierno que quiere un informe sobre lo sucedido en Chonchocoro y una vez se tenga el informe vamos a expresar un criterio. El Presidente manifestó su preocupación y requirió un informe”, informó el vocero presidencial, Jorge Richter.

En Bolivia, la investigación llevó a nexos con el gobierno, con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras su regreso al poder en 2020 y un grupo autodenominado "Guerreros Digitales".

“La presión de pueblo boliviano hizo que el Ministerio Público rechace una denuncia sin pies ni cabeza, que la única intención que tenía era callarme y amedrentarme, al poder abusivo y autoritario le incomoda que álcenos la voz ante tantas injusticias”, señaló Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, al respecto de la decisión de la Fiscalía.

“Reiteramos que la derecha, al pedir amnistía, admite culpa por los delitos que se cometieron en el golpe de Estado y las masacres y robo del gobierno de facto. Su pedido de revocatoria es un chantaje que nunca será aprobado por nuestros asambleístas leales al Proceso de Cambio”, aseveró Morales.

“Vienen buscando impunidad desde noviembre de 2021, con acciones -a través de lo que ellos llaman paros cívicos- que tienen un trasfondo de impunidad, una suerte de chantaje, de violencia para exonerar de responsabilidades a las personas que actuaron en el golpe de Estado”, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.