Se trata de más de 20 preguntas que el Ministro deberá responder, por casos como de los “narcoaudios”, la presunta pérdida de droga y las responsabilidades de policías, los hallazgos de avionetas dedicadas a esta actividad ilícita pero sin detenidos.
La Ministra de Culturas boliviana afirmó que el congresista peruano Juan Carlos Lizarzaburu debe pedir disculpas y aseveró que la Cancillería debería hacer un reclamo en el marco de la diplomacia.
"Parte de la doctrina de la política exterior boliviana es la no injerencia en asuntos internos de otros países. Nosotros pedimos siempre que nos dejen a los bolivianos resolver los problemas que tenemos y recíprocamente consideramos que cada pueblo debe resolver los problemas de toda índole que tengan", afirmó el canciller del Estado boliviano, Rogelio Mayta.
“Recomendar no es perjudicar. Denunciar corrupción y narcotráfico no es boicotear. Advertimos que oportunistas que hacen negociados con el poder que les dio el voto del pueblo tratan de dividirnos. El MAS-IPSP está por encima de las ambiciones particulares. Tenemos dignidad”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.
“Nos reunimos en Casa Grande del Pueblo con las hermanas y hermanos del Pacto de Unidad ampliado y coincidimos en que la masiva movilización por el Día del Estado Plurinacional demostró la fortaleza de nuestras organizaciones sociales. En unidad defenderemos el Proceso de Cambio”, aseguró el Presidente del Estado.
Mediante un comunicado público, la organización sindical -parte del Pacto de Unidad- ratificó su respaldo y defensa al gobierno de Arce, por lo que descartó la versión de un medio de comunicación sobre un supuesto “desmarque”.
“El 4,28% ratifica el retorno a la senda de crecimiento económico, ratifica este proceso de reconstrucción de la economía”, afirmó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.
En su discurso, el Vicepresidente del Estado señaló que existen “intrigas” reproducidas, dijo, por algunos medios de comunicación y redes sociales que sólo buscan “confrontación” y “confundir a nuestros pueblos para generar peleas”.
En este caso Añez fue condenada a 10 años de cárcel en este caso por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, bajo el argumento de que no siguió las normas para proclamarse presidenta en 2019.
