Política

Fernando Camacho está detenido en Chonchocoro desde finales del 2022 acusado por el delito de terrorismo dentro del caso llamado ‘Golpe de Estado I’. En su carta a la CIDH afirma ser un "preso político".

“Apostamos como gobierno a que Fernando Camacho y Carlos Mesa dejen de permitir y buscar la prórroga de los actuales magistrados (…) Nosotros buscamos junto a la población una renovación en la justicia y vamos a seguir en la aprobación del reglamento, convocatoria y elecciones”, aseguró el Ministro de Justicia.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Édgar Pary, confirmó que el diálogo se rompió por parte de los maestros.

El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre prácticas de derechos humanos en el año 2022 en Bolivia y habla de "detenciones arbitrarias, torturas, preocupación por la independencia de la justicia y restricciones a la libertad de expresión".

El Ministro de Justicia explicó que hay tres procesos distintos en torno al caso ABC. El primero, tiene que ver con la corrupción cometida por "malos funcionarios" de la empresa estatal; el segundo es por legitimación de ganancias ilícitas de un exgerente de la china China Harbour Engineerin; y la tercera es en contra del presunto "testigo protegido" más otros actores por el delito de extorsión.

El diálogo se da en un clima tenso marcado por la amenaza de los maestros de acatar un paro de actividades y masificar sus bloqueos en caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades nacionales.

“Con mucha firmeza y compromiso, llevamos la posición de Bolivia a la II Conferencia del Agua de Naciones Unidas, que se realizará en Nueva York, Estados Unidos. Antes, entregamos el Bastón de Mando a nuestro jilata vicepresidente, David Choquehuanca”, señaló Arce a través de su cuenta de Twitter.

El Tribunal Supremo Electoral perfilas que las elecciones judiciales se realicen el próximo 29 de octubre. La ALP aún define la Ley del reglamento para la selección de candidatos.

El Presidente del Estado aseguró que Bolivia “fiel a la protección de sus recursos naturales y su soberanía” firmó este año un convenio con el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC), para emplazar dos plantas de industrialización del metal blanco en Oruro y Potosí.

El diálogo será sobre la base de tres de sus cinco demandas centrales, entre ellas la actualización de contenidos curriculares que para el Gobierno, sin embargo, “está, prácticamente, definido”.