Política

La convocatoria, según el memorial judicial, es en calidad de sindicado “con relación a las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público a instancia de Lucy Irena Huanca Atto y otros en contra de Hernán Iván Arias Durán por el presunto delito de Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de inconstitucionalidad Art. 179 Bis del Código Penal”.

El 21 de octubre el presidente del Parlamento y los líderes de los grupos políticos eligen al ganador, y el 15 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia de entrega del premio Sájarov en Estrasburgo.

La autoridad lamentó que al momento los partidos políticos de la oposición y quienes formaron parte en el proceso eleccionario de 2019 como delegados electorales no se hayan hecho presentes en la Procuraduría para que confronten su verdad.

“El Gobierno Nacional garantiza vacunas gratuitas para el pueblo boliviano”, señaló Arce a través de su cuenta de Twitter.

María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero, estaban sindicados por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz calificó de “malagradecidos” y “cuervos” a quienes participaron del ‘Wiphalazo’ en Santa Cruz y afirmó que este símbolo nacional (la Wiphala) es un “trapo” que “no nos representa”.

El diputado de CC, Marcelo Pedrazas, dijo que ni la Constitución, ni la Ley de la Procuraduría número 064, disponen atribuciones para que la Procuraduría efectué análisis, estudios o auditorías en materia electoral.

“Es necesario que las alcaldías y gobernaciones realicen todos los esfuerzos para elaborar y realizar estrategias locales para llegar a los distritos, a las juntas de vecinos, a las zonas, y de esta forma poder aplicar estas 6,6 millones de dosis", señaló la viceministra Alejandra Hidalgo.

La Procuraduría inició el lunes el recuento de al menos 35 mil actas de las elecciones anuladas de 2019 para demostrar que no hubo "fraude", sino un "golpe de Estado" y refutar la auditoría de la OEA.

La Viceministra de Pensiones hizo esta aclaración ante declaraciones “falsas” de una exasambleísta, quien indicó que este proyecto de ley es una copia de la “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” de Venezuela.