Política

“Atravesamos una época de considerables cambios en la Policía Boliviana y retos que debemos cumplir, porque así lo demanda el pueblo boliviano”, resaltó el Ministro de Gobierno en la posesión de las nuevas autoridades.

En su reporte semanal, Auza informó que la última semana epidemiológica hubo un incremento del 62% de casos de Covid-19 en Bolivia.

“No hay que magnificar este tema. La elección del Defensor del Pueblo es responsabilidad plena de la Asamblea Legislativa (…) y dar una tuición al Órgano Ejecutivo no es correcto”, dijo el Presidente de la Cámara de Diputados.

Se presentaron 40 aspirantes al cargo, de los que ahora 30 siguen en carrera por el cargo, quienes lograron cumplir con los requisitos.

“Desafío a Carlos Mesa para que me procese, no sé por qué delito, y quizá para que no lo inculpen como golpista. No le tengo miedo. Estoy seguro de que podré responder a esa demanda, punto por punto con pruebas de descargo y de cargo, como lo hice siempre con la verdad”, afirmó Morales.

“Los 36 proyectos, que representan el 70% del total, tienen ejecución cero presupuesto al último día de junio, cero avance”, afirmó el viceministro de Inversión Pública, Marcelo Laura.

Según el CIADI, Bolivia debe indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), accionaria mayoritaria de la Administradora de Fondo de Pensiones Previsión, con $us 105 millones por los supuestos perjuicios derivados de la demora en el traspaso del servicio a la Gestora Pública.

El laudo arbitral dictado por el Ciadi resuelve una disputa de más de una década entre la entidad bancaria y el país.

El contrato firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra entra en vigor a partir de esa fecha y el suministro del energético estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. Por el carácter interrumpible del contrato, sujeto a la disponibilidad de gas de YPFB, el mismo, a priori, no genera, obligaciones de suministro para YPFB.

La Cumbre Departamental de Santa Cruz, liderada por el gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, emitió una resolución de 8 puntos y un ultimátum al Gobierno para derogar el Decreto que establece la postergación del censo nacional hasta el 2024.