Una acción de libertad y una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH son dos de las tres acciones tomadas por la Defensoría. El objetivo, entre otros, es que "se reencamine el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”, detalló la Defensora del Pueblo.