Tras una reunión entre Evo Morales y “su “ Pacto de Unidad – que no es reconocido por el Gobierno-, los evistas anunciaron que el próximo 18 de mayo llevarán adelante un “Ampliado Nacional Extraordinario del Movimiento al Socialismo (MAS)” en el que analizarán diversas propuestas que tienen para lograr que su líder sea habilitado como candidato a la presidencia del país en las elecciones generales del 2025.

Entre las propuestas que se debatirán en el encuentro del evismo está el realizar una marcha desde Caracollo a La Paz, acatar un bloqueo de caminos a nivel nacional, iniciar una huelga de hambre y realizar una “vigilia permanente” en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el documento, compartido por Morales, él y sus seguidores reiteran su rechazo a cualquier intento de “proscribir” al MAS y de inhabilitar la posible candidatura de Evo.

Asimismo, exigen al TSE aprobar y acompañar el Congreso del MAS convocado por el evismo, para julio de 2024 en el Chapare, en el que deben renovar su directiva, y la realización de las elecciones judiciales, además de la renuncia de los magistrados “prorrogados”.

Además, piden la conformación de una comisión legislativa para fiscalizar el trabajo de Yacimientos del Litio Bolivianos y hasta que se inicie un juicio de responsabilidades al presidente del Estado, Luis Arce, por supuestas irregularidades en esa empresa estatal.

Finalmente, los evistas ratifican su reconocimiento a los dirigentes de las organizaciones sociales que no son reconocidos por el Gobierno y se exige que las diferentes sedes sindicales sean entregadas a esas personas, como Ponciano Santos como ejecutivo de la CSUTCB, Juan Mamani de los Interculturales y Aliana Guzmán de las Bartolinas.

Semanas atrás, cabe recordar, Ponciano Santos advirtió que Evo Morales volvería a ser Presidente del Estado “por las buenas o por las malas” y el propio Morales advirtió que habrá una convulsión social en Bolivia si no es habilitado como candidato.

No obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) limitó a dos periodos constitucionales – continuos o discontinuos- la cantidad de veces que una persona puede ejercer la presidencia, lo que inhabilitaría a Amorales de la carrera electoral.