Al final del segundo día de paro convocado las autoridades políticas y cívicas de Santa Cruz, el Gobierno reportó que ese departamento hubo una normalidad entre el 90% y el 95% en el y un promedio de 30 puntos de bloqueo en medio de acciones violentas de grupos de choque que buscaban imponer el paro en sectores que lo rechazaron.

La evaluación corresponde al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien también denunció que los grupos de poder cruceños están “tratando de desestabilizar al Gobierno” usando como pretexto el censo y llamó a “no jugarnos el futuro del país por el capricho de un gobernador que no quiere diálogo”, en referencia a la máxima autoridad departamental de Santa Cruz, Fernando Camacho.

El lunes se vieron los hechos más violentos de los grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo del Comité pro Santa Cruz. Atacaron la casa del alcalde Jhonny Fernández, quien se desmarcó de la protesta y debilitó la unidad de los líderes cruceños, y a una vigilia de vecinos y comerciantes en el Plan 3000.

Cuatro personas fueron detenidas con explosivos. Los movilizados eran trasladados en vehículos y portaban escudos artesanales, además de petardos y palos. Incluso, pincharon llantas de buses del servicio público que salieron a trabajar.

“Los sectores más reaccionarios e intolerantes están parapetados en el Comité Cívico de Santa Cruz, quienes, además, no son escogidos por nadie; la ultra derecha no cree en la democracia, están tratando de buscar desestabilizar al Gobierno Nacional usando el censo como pretexto”, denunció Del Castillo.

En los municipios de las provincias las actividades fueron normales, según el Gobierno. La evaluación oficial es de un 90% de normalidad de actividades el lunes y de 95% este martes. “En ambos días hubo un promedio de 30 puntos de bloqueo con 600 personas, el 90% del departamento funcionó con normalidad el lunes”, aseguró. Del Castillo.

“Este es un mensaje al gobernador y a sus aliados que el pueblo quiere trabajar y no quiere violencia ni paros injustificados. Desde el Gobierno Nacional reprochamos todo tipo de violencia, la violencia no es el camino”, acotó la autoridad.

Los cívicos acabaron el paro con una reunión y el anuncio de una cumbre para definir nuevas acciones en rechazo al aplazamiento del censo, que fue aprobado por ocho gobernadores, la institucionalidad edil y rectores de las universidades públicas.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, encabezó con maquinaria brigadas que levantaban los escombros que fueron dejados en calles para impedir el tráfico vehicular. En la mayoría de los puntos de bloqueo solo estaban llantas y cintas amarradas de un extremo a otro de la calle.

Las pérdidas económicas fueron cifradas en más de $us 60 millones en Santa Cruz, donde, según datos oficiales, la ejecución presupuestaria llega al 10% a meses de acabar el año.

“El Censo es un tema técnico, que debe llevarse de manera científica y objetiva, no puede ser un capricho político, eso no lleva a tomar buenas decisiones; no podemos jugarnos el futuro del país por el capricho de un gobernador que no quiere diálogo y no asiste a las reuniones cuando se le invita”, advirtió.

Del Castillo consideró que “Santa Cruz no puede seguir siendo el feudo de estas personas que la ven como su hacienda”.

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