Reunidos en Cochabamba, los comités cívicos de Bolivia decidieron exigir que el censo se realice el 2023, y no el 2024 como decretó el Gobierno; además de la creación de un fondo de compensación en base a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para municipios, gobernaciones y universidades.

Según la resolución emanada de la reunión de los cívicos, la propuesta al Gobierno será enviada en los próximos 10 días y se quedarán a la espera de iniciar una mesa de diálogo con las autoridades del Ejecutivo.

"Censo nacional: luego de un análisis del estado de situación de cada región, se determina proponer el primer semestre del año 2023 para la realización del censo, fruto de una análisis técnico y estadístico. Solicitar a las universidades, municipios gobernaciones que sean incluidos como recursos técnicos y humanos y optimizar el proceso censal", señala una de las conclusiones de la reunión.

Asimismo, "se propone que haya un fondo compensatorio en base a proyecciones del INE del año 2022 para que municipios, universidades reciban recursos en base a esa proyección hasta que se haga el censo".

Sobre el fondo compensatorio, los cívicos explicaron que éste que se tiene que hacer con base en la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que debe estar vigente desde este año, con el fin de que los gobiernos subnacionales y universidades reciban recursos sobre esa proyección hasta tener los resultados del nuevo censo.

Finalmente, los cívicos expresaron su apoyo a la propuesta de reforma judicial que impulsa un grupo de juristas independientes.

La reprogramación del Censo para el 2024 fue avalada y consensuada por la institucionalidad representativa del país en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), que se reunió el 12 de julio. El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no asistió a la cita.

La decisión del CNA fue valorada “positivamente” por la Comisión Internacional de Alto Nivel, conformada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) - División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Fonplata-Banco de Desarrollo, durante su cuarta sesión realizada el lunes 25 de julio.