El comité impulsor del caso Golpe de Estado presentó este miércoles una denuncia formal por la supuesta comisión de los delitos de genocidio, alzamiento armado, conspiración, entre otros, en contra de los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga; los excívicos Luis Fernando Camacho – actual gobernador de Santa Cruz- y Marco Antonio Pumari, el empresario y político opositor Samuel Doria Medina y los exministros de la gestión de la exmandataria Jeanine Áñez.

“Esta denuncia es totalmente nueva, que probablemente coincida en la tipificación del caso ‘golpe I’ hay que recordar que este caso se abre por sedición, terrorismo y conspiración, el Ministerio Público ha debido reconsiderar porqué los dos últimos delitos fueron eliminados, pero nosotros hemos presentado por otros delitos”, dijo al respecto el abogado Rolando Rojas, según reporte de la ANF.

La denuncia, incluso, alcanza a los exministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, José Luis Parada, Yerko Núñez, Roxana Lizárraga, Mario Ordóñezy Rodrigo Guzmán.

Además, también están incluidos el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y hasta el exministro del Gobierno de Goni (2002-2004), Carlos Sánchez Berzín.

En específico, la denuncia es por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio, argumentó Rojas.

Siempre según ANF, el representante del Comité Impulsor dijo que el 27 de junio de este año presentaron un video de tres horas a la Fiscalía, como prueba para tipificar los delitos mencionados, por lo que esperan que el Ministerio Público emita una imputación en contra de las personas denunciadas.

Además, dijo que adjuntó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que hubo graves violaciones a los derechos humanos en la crisis política que atravesó el país el 2019.

Áñez, detenida desde marzo de 2021, inicialmente fue acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, denominado Golpe de Estado II.

En ese segundo proceso, Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por sus acciones antes de “autoproclamarse” como Presidenta del Estado el 2019, poco después de la renuncia forzada del expresidente Evo Morales, en medio de denuncias de fraude, protestas cívicas y tras perder el apoyo de la policías y las Fuerzas Armadas.