La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia) dio a conocer hoy sus seis observaciones al juicio que se siguió contra la expresidenta Jeanine Añez y ex altos jefes militares y policiales por el caso ‘Golpe de Estado II’.

El pasado viernes, tras 28 sesiones de juicio oral, la justicia dictaminó una sentencia de 10 años de cárcel en contra de Añez y el resto de los acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. La Misión de la ONU afirma que siguió el proceso por invitación de las autoridades competentes y tras ser aceptada por el örganoi Judicial y las partes del proceso.

En ese sentido, la OACNUDH aclara que no es parte de su trabajo el examinar la sentencia que se dio ni evaluar los hechos y evidencias analizadas por el Tribunal.

“La Misión se centró en observar el respeto al debido proceso y la transparencia en los procedimientos judiciales, sobre la base de las normas, estándares y jurisprudencia internacionales, incluidos los Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia”, señaló la Misión de la ONU.

En esa línea, la primera observación de la Misión de la ONU está en el tipo penal de “incumplimiento de deberes” puesto que, indica, es “incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”.

La segunda observación va referida al “uso excesivo y desproporcional” de la detención preventiva y se cuestiona, sobre todo, que Añez y el resto de los imputados hayan sido víctimas de “una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos”.

Sobre ese mismo punto, la Misión señala que la detención preventiva debe aplicarse como medida excepcional y revisarse periódicamente para ver si sigue siendo necesario.

Por otro lado, la OACNUDH también observa que las sesiones del juicio por el caso Golpe II se hayan desarrollado bajo un formato “híbrido” (entre el formato presencial y virtual) y que los principales acusados, entre ellos Añez, hayan tenido que seguro las audiencias mediante la virtualidad y solo tuvieron la oportunidad de participar de forma presencial cuando el Tribunal de Justicia se trasladó a los diferentes penales donde los imputados guardaban detención preventiva.

“(…) La restricción a la presencialidad física de personas acusadas en su propio juicio exige consideraciones más estrictas con vistas a garantizar plenamente sus derechos”, señala el pronunciamiento.

Además, la Misión de la ONU recomienda evitar los juicios en “ausencia” o “rebeldía”, como se llevó adelante el proceso contra el comandante de las FFAA; Jorge Elmer Fernández Toranzo, exinspector de las FFAA; Sergio Orellana, excomandante de las FFAA en la gestión de Añez; y el excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón.

Según la OACNUDH el juicio en rebeldía impide a la defensa tener la oportunidad de realizar un trabajo idóneo, sobre todo, en la presentación de pruebas.

“El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales”, señala la quinta observación de la Misión internacional.

Finalmente, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la “participación de numerosas partes acusatorias” – entre ellas la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el Senado- “afectó el equilibrio procesal” y la posibilidad “de proponer pruebas, en la confrontación de testigos  y en la presentación de alegatos”.

“Las presentes observaciones, que no afectan la intendencia judicial, reflejan en gran medida los desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque de derechos humanos”, añade el pronunciamiento de la Misión de la ONU.

Finalmente, la Misión de la ONU agradeció la confianza para haber seguido el juicio y proceso judicial del caso y reafirmó su compromiso de seguir trabajando con las autoridades y la sociedad en la agenda de derechos humanos.

El pronunciamiento de la Misión internacional llega pocos días después de que el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Diego García- Sayán, cuestionará el proceso judicial del caso Golpe II por sus sospechas de que éste estuvo influenciado políticamente, hecho negado por el Gobierno nacional.