El  secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó hoy que en el marco de las investigaciones del caso denominado “Armamento No Letal - Ecuador” el Ministerio Público emitió la imputación formal en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el exministro de Defensa, Fernando López y otros por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas, Tenencia Porte o Portación y Uso de Armas No Convencionales e Incumplimiento de Deberes en grado de Coautoría.

La investigación se da por el caso referido al ingreso de agentes químicos enviados desde Ecuador en el año 2019 cuando existían conflictos sociales en el país.

“Estamos esperando el señalamiento de audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional quién en el marco de sus funciones nos hará conocer día y hora de audiencia, pero como ha sido en todos los casos los investigados no asistieron a la convocatoria de la autoridad jurisdiccional y corresponderá la emisión de la rebeldía. Nosotros ya tenemos sumados 14 personas que están siendo investigadas dentro de este proceso”, expresó Quispe.

La autoridad, señaló que la Comisión de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias, Delitos Tributarios y Aduaneros, presentó la imputación formal en contra de Murillo, López y otros al Juez Décimo de Instrucción en lo Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que se solicita la audiencia de medida cautelar de carácter personal. Actualmente, existe más de 15 procesos en contra de Arturo Murillo y 14 en contra de Fernando López.

El Secretario General, explicó que de acuerdo a los antecedentes del caso, los ahora imputados Murillo y López, en su calidad de Ministros de Gobierno y Defensa, participaron de una reunión de Gabinete en Palacio de Gobierno el 15 de noviembre de 2019, en la que también participaron autoridades del Alto Mando Militar y Policial, la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga y la expresidenta de Estado, Jeanine Añez Chávez y otros exministros.

En la reunión, según la Fiscalía, Lizárraga habría tomado contacto con personal policial de la República del Ecuador en el que hubiera acordado que ese país pueda facilitar equipos antimotín, gases y otros explosivos. En esa reunión, Jeanine Añez instruyó el viaje para el recojo de los agentes químicos bajo la dirección y supervisión de Murillo y López quienes realizaron el procedimiento, es decir el plan de operaciones para internar al país el armamento no letal.

Los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.  Se presume que el armamento fue utilizado para reprimir las protestas que había en contra del Gobierno de Añez.

Respecto a la solicitud de extradición para el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el Secretario General señaló que el Ministerio Público cumplió con la solicitud correspondiente vía Cancillería que fue remitida a Estados Unidos, por lo que se espera una respuesta de la justicia norteamericana.