La Fiscalía convocó a declarar a dos exautoridades universitarias que aprobaron las resoluciones que permitieron a Max Mendoza – ex dirigente estudiantil de 52 años de edad- cobrar, de manera irregular,  salarios de más de 21 bolivianos como trabajador del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.

Los dos convocados a declarar son Roberto Bohórquez, que era rector de la Universidad Tomás Frías y presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades, y Rodrigo Rodríguez que era Secretario Ejecutivo de la Confederación de Docentes.

“El Ministerio Público, a través de la comisión de fiscales, está realizando todos los actos investigativos dentro de los cuales ya se ha programado la declaración informativa del señor Bohórquez y del señor Rodríguez para el día lunes en horas de la mañana y de acuerdo a eso va a definir la situación jurídica de estas personas”, reveló el fiscal Eddy Flores.

Explicó que ambos citados son investigados por la presunta comisión de los delitos de nombramientos ilegales, beneficios en razón del cargo y usurpación de funciones; sin embargo, se espera que realicen su declaración informativa en el proceso para que puedan asumir defensa.

“Estas dos personas están en calidad de sindicados (…)  la comisión de fiscales va definir la situación jurídica de estas personas”, aclaró Flores.

En concreto, Bohórquez y Rodríguez fueron denunciados por suscribir la Resolución Administrativa 036/2018 del CEUB, en la cual se ratifica a Max Mendoza como Secretario Nacional interino con el pago de salarios y beneficios sociales, a pesar de que éste no cumplía con los requisitos para el cargo, como título profesional.

Dentro de este caso, Max Mendoza fue aprehendido el fin de semana y enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.

Según la Fiscalía, Mendoza fue denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.