Estados Unidos presentó este miércoles su “Informe Anual sobre Derechos Humanos” y dedicó un apartado exclusivo a Bolivia, en el que, entre otros puntos, cuestiona cómo se lleva adelante los procesos penales en contra de la expresidenta Jeanine Añez.

En el texto, y sobre el caso de Añez, EEUU cuestiona que el Gobierno de Luis Arce “dirigió el proceso” en contra de la ex presidenta interina y otras ex autoridades, “además de que ejerce presión sobre los jueces que llevan adelante esos casos”.

“Tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Añez, para supervisar su arresto. La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Añez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, señala el texto.

Asimismo, EEUU objeta que Añez sea juzgada por la vía ordinaria y no así mediante un juicio de responsabilidades, ‘beneficio’ que le correspondería al ser expresidenta del Estado.

También cuestiona que el proceso contra la ex mandataria fue desdoblado en los casos “Golpe de Estado I” y “Golpe de Estado II”. Y denuncia que el tiempo de detención preventiva excedió el límite de los meses establecidos.

“El 13 de marzo, la expresidenta interina Jeanine Añez fue arrestada por cargos de terrorismo, sedición y conspiración para derrocar al gobierno antes y durante su mandato. Estuvo recluida en prisión preventiva. La constitución establece que los presidentes en ejercicio y los ex presidentes tienen derecho a un juicio político, no a un juicio penal normal, por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el gobierno inició procesos penales regulares contra Anez. En una entrevista del 23 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el gobierno inició un proceso penal contra Áñez porque el gobierno carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Anez que en darle un juicio justo”, afirma el informe norteamericano.

Añez, cabe recordar, tiene dos procesos en su contra por el presunto Golpe de Estado del 2019. En el primero, es juzgada por los delitos de terrorismo y conspiración – la figura de sedición fue eliminada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)-; en cambio, en el caso Golpe II es acusada por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, esto en el marco de su accionar como Senadora y previo a autoproclamarse como Presidenta del Estado.

EEUU, por otro lado, también hace referencia a un presunto “intento de suicidio” de Añez en el interior del Penal de Miraflores – donde guarda detención preventiva- y afirma que el Gobierno minimizó tal hecho.

“El 21 de agosto, Añez se cortó deliberadamente la muñeca izquierda y uno de los brazos en un intento de suicidio mientras estaba en prisión. La llevaron a un hospital para recibir tratamiento debido a la gravedad de sus heridas y permitieron que su hijo se quedara con ella durante la noche. Después del incidente, Añez declaró que “ya no quería vivir”. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó sus heridas como “simples raspaduras” y alegó que el trato preferencial del gobierno hacia Añez provocó disturbios entre los reclusos. Los grupos de derechos humanos criticaron ampliamente el encarcelamiento de Añez por parte del gobierno y su negativa a concederle la libertad bajo fianza a pesar de su delicada salud”, añade el texto.

Otros puntos

El informe estadounidense añade que los problemas significativos de derechos humanos en el país incluyen informes creíbles de: tortura y casos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión, la prensa y otros medios, incluida la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; delitos que involucran violencia contra personas LGBTI; y algunas de las peores formas de trabajo infantil.

“El gobierno tomó medidas en algunos casos para enjuiciar a miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios del gobierno que cometieron abusos o actos corruptos, pero la aplicación inconsistente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto condujeron a la impunidad”, añade el texto.

Mira el “Informe Anual sobre Derechos Humanos” de EEUU:

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