El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz tiene previsto instalar el  juicio Golpe de Estado II el lunes próximo con cuatro acusados prófugos de la justicia y mandamiento de apremio, dos con condena y una, la expresidenta Jeanine Áñez, con detención preventiva en una penal de La Paz.

En ese sentido, Aldo Michel, abogado de las víctimas de 2019, y el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtieron que Añez buscará “dilatar” el proceso en su contra.

Hasta ahora, el Tribunal –que suspendió en dos ocasiones el proceso – ordenó la aprehensión de los exjefes militares Williams Kaliman, Jorge Fernández y Sergio Orellana y del excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Los cuatro uniformados fueron declarados en rebeldía en la apertura de juicio oral, el pasado 28 de marzo,  en el que Añez presentó problemas de salud y obligó a que el acto judicial se suspenda hasta este 4 de abril.

En el caso Golpe de Estado II, que  se refiere a las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para autoproclamarse en 2019 como la presidenta del Estado, condenó a los exjefes militares Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada y a Jorge Gonzalo Terceros Lara a tres años de prisión, en un proceso abreviado en el que ambos aceptaron su culpabilidad en los delitos que se les acusó.

De acuerdo con la decisión de la justicia, ambos excomandantes aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, los mismos que se les imputa a los cuatro uniformados prófugos.

El martes 12 de noviembre de 2019, Áñez —entonces segunda vicepresidenta del Senado— tomaba el mando de la nación apelando a una presunta sucesión constitucional  y con un simbólico hecho que, para el actual Gobierno, fue la conclusión del ‘golpe de Estado’: la banda presidencial se la puso el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, enfundado en uniforme de combate.

Añez, de acuerdo a los delitos que se le imputan, según la normativa penal, podría tener una pena de privación de libertad de hasta 10 años.

“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.