Desde la cárcel, la expresidenta Jeanine Añez afirmó que no conoce personalmente al exministro Carlos Sánchez Berzaín y “nunca recibí ningún tipo de asesoramiento de su parte” durante su Gobierno.

“Quiero aclarar al pueblo boliviano que no conozco al señor Berzaín más que por los medios de comunicación, que jamás he hablado con él ni por teléfono mucho menos en persona, así como tampoco nunca recibí ningún tipo de asesoramiento de su parte durante mi gobierno”, señaló Añez a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, a través de una carta, Añez afirma que no le sorprende la “noticia falsa” de que Sánchez Berzaín asesoró con su Gobierno – afirmar que así lo aseguró el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada- y acusa a los medios estatales de “mentir deliberadamente”.

Ayer, medios estatales dieron a conocer un audio en el que Carlos Sánchez Berzain, el exministro de defensa durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, admitió que “en algún momento” asesoró al Gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020).

Según el material, durante una conferencia en Estados Unidos, Sánchez Berzaín afirma que en la región fracasaron dos procesos que se consideraban de transición, uno en Venezuela a la cabeza de Juan Guaidó y otro en Bolivia con el Gobierno de Jeanine Añez. “En el tema de mi país en algún momento”, afirmó.

“En América Latina, acaban de fracasar dos procesos que se consideraban de transición: uno, el gobierno venezolano legítimo de (Juan) Guaidó y, el otro, el año en que se retiró la dictadura en Bolivia y se hizo un gobierno llamado de transición, pero resultó ser de continuismo encabezado por la señora (Jeanine) Añez que ahora es presa política. En base a esas dos experiencias que yo he estudiado, seguido e incluso he asesorado en el tema de mi país en algún momento”, señala Sánchez Berzain en un audio difundido por la red Patria Nueva y luego replicada por la ABI.

Sánchez Berzaín, al igual que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), es prófugo de la justicia boliviana acusado por ejecuciones extrajudiciales durante la insurrección popular en Bolivia entre septiembre y octubre de 2003, cuando 60 civiles murieron por bala y otros 500 resultaron heridas a manos de fuerzas militares y policiales, durante esa administración ultraliberal.