El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió dejar en manos de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia la decisión respecto a si Jeanine Añez es juzgada o no por la vía ordinaria por el nombramiento ilegal del gerente de la Empresas Boliviana de Alimentos (EBA) cuando era Presidenta del Estado.

La información fue difundida por el Ministerio de Justicia, el cual reveló que el TCP emitió el Auto Constitucional 0440/2021-CA, en el cual rechazó la Acción de Inconstitucionalidad Concreta promovida por la Sala Penal Cuarta de La Paz, misma que solicitaba esclarecer si la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades para Presidente o Vicepresidente del Estado se aplica a gobernantes que “no siguieron el procedimiento establecido en el texto constitucional para llegar al cargo”.

Según los antecedentes del caso, Añez es procesada debido a la designación, presuntamente irregular, de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020. Su defensa solicitó que Añez se someta a un juicio de responsabilidades, tomando en cuenta que habría cometido el presunto delito cuando era mandataria del Estado.

En primera instancia en 2021, la entonces jueza Claudia Castro determinó que Añez siga siendo procesada en la justicia ordinaria, pero la defensa apeló y la decisión pasó a la Sala Penal Cuarta, instancia que presentó la Acción de Inconstitucionalidad Concreta ante el TCP.

En ese sentido, la decisión del TCP señala que “las autoridades que promueven la acción normativa (de inconstitucionalidad concreta) tienen la labor exclusiva de interpretar la legalidad ordinaria y establecer a quién ampara la norma cuestionada”.

Es decir, que deberán ser los miembros de la Sala Penal Cuarta quiénes decidan si Añez es juzgada por la vía ordinaria o pasa a un juicio de responsabilidades.

Añez fue imputada  por la Fiscalía por el caso de la designación presuntamente irregular de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). El Ministerio Público pide su detención preventiva por un lapso de seis meses.

Según la información difundida por BTV, la imputación es por los tipos penales de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones.