Rebeldía
César Sánchez
23/03/2022 - 17:33

Justicia declara rebelde a la exministra Lizárraga por caso de traslado ‘irregular’ de armas desde Ecuador

La exministra de Comunicación durante el Gobierno de Jeanine Añez es acusada por los presuntos delitos de Tráfico Ilícito de Armas; Tenencia, Porte o Portación y Uso de Armas no Convencionales e Incumplimiento de Deberes.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó hoy que, en el marco del caso denominado “Armamento no letal - Ecuador”, la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, fue declarada en rebeldía durante la audiencia de medidas cautelares realizada por el Juez  10° de Instrucción en lo Penal.

La autoridad jurisdiccional resolvió ese extremo ante la ausencia injustificada de la exministra, quien habría facilitado que agentes químicos de Ecuador ingresen al país en noviembre de 2019.

“Hoy se realizó la audiencia de medidas cautelares a las 14:00 horas en contra de la exautoridad y al haberse cumplido con la notificación legal, mediante edictos como dispone la norma, pero la imputada no asistió a la audiencia ni justificó su inasistencia, el juez valoró esos extremos y declaró la rebeldía, pues no se sometió a la investigación por los presuntos delitos de Tráfico Ilícito de Armas; Tenencia, Porte o Portación y Uso de Armas no Convencionales e Incumplimiento de Deberes”, dijo Alave.

Por su parte, el fiscal coordinador anticorrupción, Eddy Flores, señaló que la Comisión de Fiscales emitió la ampliación de investigación en contra de Lizárraga y emitió la imputación formal en contra de la exministra.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que habría sostenido con Arturo Murillo, Fernando López y la expresidenta Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, Lizárraga habría tomado contacto con un personal policial de la República del Ecuador y se habría acordado, mediante una llamada telefónica, que ese país pueda facilitar armamento no letal al Gobierno boliviano.

El armamento habría consistido en equipos antimotín, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera presuntamente ilegal.

“Durante la investigación se logró establecer la presunta participación de esta exautoridad en el hecho, por esta razón el 25 de febrero de este año se citó a la investigada para que asuma defensa y se presente a declarar sobre los hechos ocurridos, porque habría viabilizado la llegada de estos elementos antidisturbios que consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores”, sostuvo Flores.

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