El exmandatario del Estado y actual presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, volvió a referirse al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que sentenció que fue “inconstitucional” su inhabilitación a candidato como senador por el MAS en las elecciones generales del 2020.

En esta ocasión, Morales se refirió a quiénes califican al TCP de “masista” por haber fallado a su favor y hasta ordenar un resarcimiento económico.

“Si la derecha acusa al TCP de estar sometida al MAS-IPSP por sentenciar que la inhabilitación de nuestra candidatura fue injusta e inconstitucional, tendría que decir que la Corte Penal Internacional también es “masista” por rechazar tantas acusaciones infundadas en nuestra contra”, escribió Morales en Twitter.

En febrero pasado, la Corte Penal Internacional (CIP) rechazó investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los organizadores de una movilización para bloquear carreteras, durante el 2020.

El exgobierno boliviano de Jeanine Añez había pedido a la CPI en septiembre de 2020 que investigara la campaña alegando unos "sistemáticos y organizados ataques sobre la población boliviana" para impedirle el acceso a suministros y servicios médicos que, según la denuncia, había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus porque no se podía proveer oxígeno a los hospitales.

El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que no abriría una investigación formal ya que los supuestos actos no eran competencia del tribunal internacional con sede en La Haya. "Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación", dijo Khan en un comunicado.

El Estatuto de Roma establece las normas en virtud de las cuales se creó la CPI en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo. Los Estados pueden remitir formalmente los presuntos delitos a la CPI, que lleva a cabo una investigación preliminar antes de decidir si inicia una investigación completa. "He llegado a la conclusión de que la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad", añadió Khan.

La remisión de Bolivia acusaba a Morales y a los organizadores del bloqueo de carreteras de impedir deliberadamente, durante su campaña de 12 días, la llegada de suministros médicos urgentes a los hospitales. El bloqueo empezó en septiembre de 2020 después de que el gobierno de Añez aplazara varias veces las elecciones. Khan dijo que algunos manifestantes "pueden haber actuado con imprudencia", aunque los líderes de la protesta les instaron a dejar pasar los medicamentos.

Pero incluso si se hubieran probado los supuestos actos durante el bloqueo, no habrían sido calificados como un "ataque" coordinado contra la población civil y, por tanto, como crímenes contra la humanidad, dijo Khan.

El fiscal jefe explicó que sus conclusiones "no deben considerarse como una toma de posición sobre ninguno de los acontecimientos o dinámicas relativas a los supuestos incidentes o sobre la experiencia que el pueblo de Bolivia tuvo de esos acontecimientos".