La noche de este domingo, el juez de Instrucción Penal Sexto de La Paz rechazó la acción de libertad interpuesta en contra de la directora del penal de Miraflores y Régimen Penitenciario para que se permita la visita y asistencia a Jeanine Añez durante su huelga de hambre La jueza resolvió que no se restringieron las visitas a la exmandataria en el penal de Miraflores.

“Según la juez, en ningún momento se restringieron las vistas, ni el jueves cuando intentó ingresar Carlos Mesa, ni el viernes cuando los abogados fueron expulsados junto a (la hija de Jeanine Áñez) Carolina Ribera, ni el sábado que no se aceptó la visita de los abogados. Según las autoridades, las visitas no estuvieron restringidas”, declaró el abogado de Añez, Luis Guillén, en contacto con el Deber.

En la audiencia, la defensa de Añez señaló que el pasado jueves se bnegó el ingreso al pebnal a Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, y a Amparo Carbaja, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Ese día, se justificó que la gente mayor a 55 años no puede entrar al penal.

Entre el viernes y el sábado, siempre según la defensa de Añez, se negó el ingreso a la cárcel de la hija de la exmandataria, Carolina Ribera, y sus abogados.

Pese a todos esos antecedentes, la jueza dijo que no había restricción de ingreso y por lo tanto, la acción de libertad no tenía ningún fundamento por tanto decidió rechazar el pedido.

En la audiencia, los abogados del Gobierno pusieron como prueba el informe de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia) cuya delegada dijo que ingresó a visitar a la expresidenta el sábado.

Precisamente la OACNUDH Bolivia constató, tras su visita a Añez, que no hubo acciones forzadas en su contra y se respetó su decisión de estar en huelga de hambre.

“En el día de hoy (por ayer, sábado), la Misión visitó a la Sra. Jeanine Áñez en el penal de Miraflores a fin de verificar las condiciones de su huelga de hambre y constató que hasta el momento se ha respetado su decisión, como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica. Se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamiento forzados”, señala el comunicado.

En ese sentido, la Misión de la ONu afirma que “los estándares internacionales establecen que todo tratamiento médico o alimentación forzados podrían equivaler a tortura o malos tratos”.

“La Misión resalta que, en caso de un traslado urgente de una persona privada de libertad a un centro médico por instrucción de un juez, el Estado es responsable de preservar el orden público para garantizar la seguridad de esa persona y hacer cumplir la disposición judicial”, afirma.

“La Misión continuará trabajando en coordinación con las autoridades para que el Estado garantice los derechos de todas las personas privadas de libertad, resguardando su integridad física y psicológica”, añade el texto.