El ministro de Justicia, Iván Lima, refutó este domingo los alegatos que expresó Rafael Alcón para beneficiar, el 2019, con detención domiciliaria al feminicida serial Richard Choque. Advirtió que se tomará acciones contra los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y particulares que emitieron su certificado médico atribuyéndole una enfermedad terminal.

El sábado, tras la audiencia cautelar, se conoció que el juez Alcón ingresó al penal de San Pedro de La Paz con detención preventiva por seis meses, acusado por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y otros.

“El día de ayer, en la audiencia cautelar hemos escuchado los motivos del juez Alcón, los motivos que él alega son: que había un certificado médico, que alguien, un médico, no se lo identifica porque insisto, el expediente está desaparecido, había señalado que él tenía una enfermedad crónica, primer argumento; segundo argumento que se alega es que la Ley 2298 le permite salir de la cárcel a las personas que tienen un buen comportamiento, están estudiando y tienen un adecuado desenvolvimiento en la cárcel; y el tercer elemento, que la Fiscalía no había apelado, ni la víctima”, dijo en entrevista para el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

En respuesta a esos alegatos, Lima aseguró que se seguirá acciones “contra los que han sido médicos del IDIF y particulares en ese momento, entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, porque es inadmisible que un médico pueda decir que había una enfermedad terminal con una enfermedad como diabetes, gastritis o asma, esas enfermedades no son terminales en las condiciones que señala nuestra legislación”.

“Nos dicen, adicionalmente a esto, que la Ley 2298 lo permitía, y esto no es evidente, la Ley 2298 de Ejecución Penal no lo permite; y nos hablan con una sinvergüenzura total, que no había apelado la víctima, la víctima estaba muerta, sus familiares son personas humildes que no estaban en ese momento y no habían recibido además ninguna notificación”, acotó el ministro, quien dijo que ni siquiera se respetaron los tiempos mínimos para pensar en una apelación, por lo que se habla de un “prevaricato flagrante”.

“En qué cabeza, de qué administrador de justicia, le das detención domiciliaria de 18 meses a una persona que ha violado, que ha matado, que ha secuestrado, que ha extorsionado a la familia, que ha mandado amenazas directas para pedir dinero por la vida de esa joven boliviana que ha fallecido”, cuestionó.

Lima, asimismo, señaló que durante el tiempo en que se benefició al feminicida serial Richard Choque con detención domiciliaria tampoco se hizo el seguimiento respectivo a través de un trabajador social; tras cumplirse el periodo de 18 meses nadie reclamó y “si no aparecían los cadáveres de estas otras dos jóvenes que han fallecido no hubiéramos tenido una investigación y la información sobre este caso”.

Dijo que el Ministerio de Gobierno, junto a la Fiscalía y el Ministerio de Justicia están trabajando de manera sistemática para promover el cambio y transformación de la justicia. Indicó que seguramente habrá estructuras que van a resistirse “porque van a perder sus privilegios”, porque ya no recibirán “las coimas” y todo el dinero que se mueve alrededor de la corrupción judicial, pero eso no impedirá que se cumpla con el mandato del presidente Luis Arce de acabar con estas irregularidades.

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